Rafael Espino.- Uno de los asuntos que conocí en el Senado de la República, fue el trágico incendio de la estación migratoria Lerdo-Stanton, ocurrido el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró 40 víctimas mortales y 27 lesionados migrantes, que iban con rumbo a los Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor.
Presidir el Grupo de Trabajo a cargo de revisar los mecanismos de apoyo derivados de este lamentable hecho, nos permitió tener comunicación con las víctimas, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil y autoridades involucradas.
De igual forma, mantuvimos contacto estrecho y apoyamos a familiares de algunos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, quienes fueron procesados por diversos delitos como homicidio, lesiones y en algunos casos, por ejercicio ilícito del servicio público.
Conocimos que las acusaciones se basaron en diversas pruebas que no cumplían con las formalidades legales requeridas e incluso tenían fechas posteriores al incendio. Además, servidores imputados que ni siquiera estuvieron en el momento de los hechos y en el caso particular de uno ellos, desempeñaba su trabajo en un lugar fuera de la citada estación, apoyando a las personas migrantes en lugares de cruces fronterizos remotos.
Las medidas cautelares impuestas fueron, en el mejor de los casos desproporcionadas; por ejemplo, fianzas de hasta treinta millones de pesos y prisión preventiva desde el inicio de las investigaciones. Afortunadamente, todos han logrado reducirlas y actualmente enfrentan sus procesos en libertad.
En contraste, el recién extitular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue acusado únicamente de ejercicio ilícito del servicio público. Se le concedió una suspensión provisional del proceso, no fue recluido como sus demás compañeros y mantuvo su cargo hasta abril de este año, a pesar de que incluso, la Fiscalía General de la República habría solicitado su remoción temporal para no viciar el proceso ni condicionar los testimonios de algunos subordinados.
Desde las primeras reuniones del Grupo de Trabajo parlamentario expresamos nuestra inconformidad con la permanencia del extitular al frente del Instituto. Es inaceptable que se le haya permitido mantenerse en el cargo durante tanto tiempo, a pesar de las graves omisiones en las condiciones físicas de la estación y en el seguimiento a los protocolos de servicio por el personal a cargo durante su gestión.
Al respecto, es importante mencionar, que tres años antes al incendio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido 45 recomendaciones relacionadas con casos de personas migrantes; “12 de ellas sobre casos de malas condiciones en Estaciones y Estancias Migratorias, así como por mala atención brindada en estas”. Además, este no era el primer incendio que había ocurrido en una estación migratoria. En efecto, ya se habían registrado varios incendios al interior de diversos centros migratorios por lo que, debieron tomarse medidas para prevenir lo ocurrido en estos centros.
Su continuidad en el cargo no solo envió un mensaje de justicia selectiva e impunidad, sino que además contaminó el proceso en contra de los demás servidores públicos acusados. Mientras ellos enfrentaban las consecuencias legales, el extitular tuvo los recursos para pagar su defensa, seguía a cargo del tratamiento de las personas migrantes y terminó despidiéndose con un simple perdón, en un mensaje asegurando que se había cumplido la “misión”.
El incendio de marzo de 2023 no solo desencadenó un dolor que las personas migrantes y Ciudad Juárez recordarán por siempre; también es un reflejo de la inequidad en la impartición de justicia en nuestro México.
