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Justicia de Ecuador acepta retirar nacionalidad a Julian Assange

QUITO— La justicia ecuatoriana declaró la semana pasada la nulidad de la nacionalización del fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, y lo notificó formalmente a la defensa, informó en entrevista con Sputnik su abogado en este país, Carlos Poveda.

“Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo aceptaron el criterio de la cancillería y declararon la nulidad de la carta de naturalización que se había otorgado a Julian Assange. La notificación nos llegó hoy (por el lunes)”, comentó Poveda a esta agencia.

La decisión, sin embargo, aún puede ser apelada mediante los denominados recursos horizontales de ampliación y aclaración, e incluso con un recurso final de casación, a los que acudirá su abogado.

La nacionalidad ecuatoriana le fue adjudicada a Assange en 2017 por la administración de Lenín Moreno (2017-2021), pero el año pasado el mismo Gobierno, a través de la cancillería, inició los trámites para retirarla, tras un escándalo desatado en el país por supuestas irregularidades en el proceso de concesión.

Previamente, en 2019, Moreno le retiró a Assange el asilo diplomático del que gozaba desde 2012, aduciendo una reiterada violación a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo, incumplimientos del protocolo especial de convivencia y la intervención en asuntos internos de otros Estados por parte del periodista australiano.

La decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de retirar la nacionalidad a Assange se basó en un informe de la Contraloría de la Nación, que sostiene que para concedérsela se omitieron procedimientos, no se verificaron sus ingresos, las firmas del pasaporte no coincidían con las de la petición, y que el australiano no permaneció tres años como mínimo en territorio ecuatoriano para obtenerla, entre otras causas.

Poveda dice que todas esas son solo conjeturas, que la Contraloría actuaba con claros intereses políticos, y que en el proceso para retirar la nacionalidad no se demostró ninguna de las acusaciones.

“Desde la primera audiencia hemos dicho que Julian no fue citado de manera legal, los documentos deben ser traducidos pues su idioma es el inglés y eso no se respetó en todos los documentos (…) yo me informé de la demanda al ingresar a la página pública de la función judicial”, dijo Poveda, citando alguna de las irregularidades que desde su punto de vista afectaron la acción de defensa.

Según el abogado, la Función Judicial no le informó de la demanda y al enterarse tardíamente por la página pública ya no había tiempo para presentar medios de prueba. Adicionalmente, Poveda pidió que en la audiencia se permita la comparecencia de Assange vía telemática, pero el activista solo recibió un enlace para conectarse.

“Eso es ilógico, en donde está él no puede conectarse, no tiene computadora ni acceso a internet, debieron haber tramitado su comparecencia con las autoridades británicas. Todo nuestro derecho de defensa fue totalmente negado”, explicó.

Poveda insistió en que en el juicio no se demostró que haya falsificación de documentos ni ninguna de las acusaciones para retirar la nacionalidad al fundador de Wikileaks.

Defensa pedirá ampliación

El abogado dijo que, tras tres horas de exhibir y leer unas mil hojas de documentos, el tribunal se tomó 15 minutos para resolver la causa y leer la sentencia en unos tres minutos.

Poveda calificó de paradójica la decisión, pues en un juicio político que realizó la Asamblea Nacional a la excanciller María Fernanda Espinosa, por el mismo tema, fue absuelta, pese a ser quien dirigió la naturalización de Assange.

El abogado de Assange adelantó que en los próximos días pedirán los recursos de ampliación y aclaración, considerando que hubo falta de defensa, entre otros puntos. Posteriormente, como recurso final, el caso irá a casación. En abril pasado, Assange cumplió dos años de prisión preventiva en Londres, en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh.

Washington reclama a Londres la entrega del australiano para juzgarle por un cargo de conspiración por infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y por otros supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial, que viola la ley de espionaje del país norteamericano. Según Estados Unidos, se trata de la mayor filtración de documentos oficiales.

Sputnik