Pese a que se otorgó un amparo contra el exlíder juvenil priista acusado de recibir dinero ilegal de parte del exgobernador César Duarte para favorecer al PRI, las autoridades hacen caso omiso y no dan cumplimiento a la orden emitida recientemente.
Fue 3 de noviembre de 2020, cuando el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado solicitó que se librara orden de aprehensión en contra de Cristopher James Barouse, por considerarlo responsable de haber recibido supuestas aportaciones de dinero sin justificación por parte de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte Jáquez.
Para el día 4, la juez de control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, libra la orden de aprehensión solicitada.
El día 5, agentes de la Fiscalía General del Estado dan cumplimiento a dicha orden de aprehensión, deteniendo al señor James Barousse mientras se encontraba comprando unas medicinas a escasas cuadras de su domicilio, tras lo cual lo pusieron a disposición de la juez que lo requería.
Fue hasta el día siguiente, cuando tuvo lugar la audiencia inicial en la cual se le atribuyó la comisión del delito y la juez de control decretó como medida cautelar consistente en la prisión preventiva con vigencia de un año a partir de la fecha de la audiencia.
Al considerar que la detención de su cliente fue injustificada e ilegal, la defensa promovió un juicio de amparo, el cual se resolvió este 16 de marzo y le concedió el amparo y protección de la justicia federal a Cristopher, dadas las múltiples omisiones que tuvo la juez de control.
Así pues, la medida cautelar de prisión preventiva ordenada en la audiencia del pasado 6 de noviembre del 2020 quedaría sin efecto.
La sentencia debía surtir efectos de manera inmediata pero la juez de control Juana Gabriela Córdova Ortiz, no dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y Cristopher sigue en prisión preventiva.
Eso podría traerle problemas legales a la jueza ya que, bajo la ley de amparo podría imponérsele una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que actúa dolosamente, dicen los abogados de James Barousse.
Juárez Hoy