El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó, por un periodo de un año, a dos servidores públicos denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido que adjudicaron ilegalmente tres contratos en el año 2018 del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI).
En la revisión del ejercicio financiero de ese año, la ASE determinó que un monto de 3 millones 193 mil 479 pesos de dicho fideicomiso, fueron utilizados de forma indebida en la adquisición del servicio para la elaboración de exámenes de agudeza visual y compra de lentes para beneficiarios del fondo, familiares de las víctimas de la lucha contra el crimen organizado, principalmente hijos e hijas de policías caídos en el ejercicio de su deber.
Mediante este programa se dio apoyo para la revisión de la vista y, en su caso, dotación de lentes; sin embargo, fueron detectadas irregularidades tanto en la adjudicación de contratos, como en costos con sobreprecio, que dieron origen a denuncias por parte de la ASE tanto en el TEJA como en la Fiscalía Anticorrupción.
En lo que a la materia administrativa respecta, el Tribunal determinó que los sancionados, de iniciales H.E.C.P. y B.R.P., incurrieron en abuso de funciones al intervenir en la elaboración de los dictámenes de excepción para evitar la licitación pública que, debido al monto, debía hacerse para la contratación del servicio.
Por la cantidad de compra, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua obligaba al ente realizar una licitación pública que garantizara las mejores condiciones del mercado, sin embargo, se fraccionó la operación en tres contratos para encuadrarlos en una adquisición directa.
Lo anterior permitió la contratación de Ricardo Humberto Márquez Jasso, GRUPO RULAND, S.A. DE C.V. y BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. por las cantidades de 1 millón 073 mil pesos; 1 millón 057 mil 919 pesos y 1 millón 062 mil 560 pesos, respectivamente.
