Senador Cruz Pérez Cuéllar.- En tres años y medio de obstinación del gobernador Javier Corral, en el tema vital de la seguridad, Chihuahua ha vuelto a retomar fama mundial de ser un lugar con extrema violencia, estigma que no nos habíamos quitado del todo, es verdad, pero el manejo que ha hecho este gobierno, sobre este asunto, ha sido tal que los medidores de inseguridad en el país y en el mundo nos vuelven a colocar otra vez en la cúspide.
Las cifras más conservadoras, las que hablan solamente de los homicidios dolosos ocurridos en el territorio estatal, desde el 2016 cuando el actual mandatario asumió el cargo, hasta el mes de abril pasado, contabilizan 8 mil 218 homicidios, un 85 por ciento más respecto de los tres años y medio anteriores a que Corral asumiera el gobierno.
Es lamentable porque Ciudad Juárez y la capital son las ciudades que cargan con el mayor desprestigio, por el número de homicidios perpetrados en éstas, que son las urbes más pobladas de la entidad.
Vale decir que justo un año antes de que iniciara esta administración estatal, Juárez se situaba entre las 50 ciudades con mayor violencia en el mundo. No era un dato que debíamos celebrar, pero nos alejábamos del ignominioso top en que nos encontramos entre el 2008 y 2011.
Ahora esta frontera se encuentra de nuevo situada entre las cinco urbes con mayor violencia del planeta. Incluso, el 24 de abril de este año, el secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que hasta marzo, Ciudad Juárez y Tijuana eran las ciudades con mayor número de homicidios en el país.
Uno de los indicadores que revisan los organismos internacionales es el número de homicidios que se cometen en determinada ciudad por cada 100 mil habitantes, para medir la magnitud del problema y exponerlo. En el caso de Ciudad Juárez se habla de 112 homicidios por cada 100 mil habitantes, de los cuales menos del 10 por ciento han recibido una sentencia, más del 90 por ciento queda impune.
También el 6 de febrero pasado el Reino Unido emitió un boletín a sus ciudadanos, para advertirlos de que si visitaban México no llegasen a Ciudad Juárez por la violencia que se ha vuelto incontrolable por parte de la autoridad competente. Estados Unidos ha hecho lo propio en repetidas ocasiones, recomendando a sus habitantes a que no visiten nuestra frontera por la misma razón.
Se dejó correr la sangre y desgraciadamente volvemos al pantano, situación que creíamos superada o por lo menos contenida, pero no fue así, esta administración ha cometido yerro tras yerro, ha despreciado el apoyo del gobierno federal y generado un ambiente de desconfianza entre la sociedad, lo cual ha redundado definitivamente en más inseguridad.
Primero, desde que asumió protesta Javier Corral decidió declararle la guerra a un reconocido capo que operaba en buena parte del noroeste de la entidad, lo emplazó a abandonar el estado y con este hecho lo hizo crecer hasta convertirse en un grave problema para la seguridad local; claro que nunca se retiró, al contrario, se burló del mandatario una y mil veces.
Después, el gobierno del estado decidió suplantar a las policías municipales de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, con la intención de revertir los índices delictivos que ahí se presentaban, sobretodo en el tema del crimen organizado.
A la fecha, todos estos municipios y otros donde arbitrariamente el gobierno estatal decidió involucrar a la Fiscalía, padecen una mayor inseguridad que cuando se decidió “apoyarlos”, ahí están los levantones, homicidios al por mayor y el enfrentamiento de grupos del crimen organizado a plena luz del día que dejan decenas de muertos en cada confrontación, cual si fueran zona de guerra.
A la par de esta situación, el Ejecutivo estatal decidió meter las manos en el Tribunal Superior de Justicia, destituyendo por sus pistolas al magistrado presidente Gabriel Sepúlveda, acción que fue condenada después por la Suprema Corte, que falló a favor del magistrado.
También trató de controlar el ingreso de 54 jueces y 7 magistrados al TSJE por medio de su operadora, Lucha Castro, pero el juego fue descubierto, dejando una huella imborrable de su estilo de gobernar en el Poder Judicial.
Y así se pueden contar muchas más en lo que va del quinquenio, que han convertido a la administración y procuración de justicia de Chihuahua en una burla y una ofensa para sus habitantes.
Pero el gobernador Javier Corral ve la tempestad y no se hinca, ignora la mayoría de las reuniones de seguridad con las fuerzas federales a pesar de las circunstancias en que vivimos.
Aunque debo decir que sí hay cierta coordinación del gobierno estatal con la Guardia Nacional. Los resultados no son los esperados, por supuesto, porque la acción de la GN no puede ser eficaz ante el dique que representa una Fiscalía General y una Comisión Estatal de Seguridad rebasadas, fracasadas en el amplio sentido de la expresión.
Hace apenas unos días que renunció el Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio, después de tantos operativos fallidos, de más de 8 mil ejecuciones, de 60 policías asesinados, luego de haber intentado tomar el control de varios municipios de la Sierra pero con los resultados arriba descritos, luego de haberse incrementado el asalto de vehículos a mano armada (“carjacking”), de secuestros de empresarios, políticos y las fallidas negociaciones que terminaron con su muerte; luego de tanta desgracia, se va así, como si nada. No más le faltó a Corral despedirlo con honores.
Desde que asumió Corral la gubernatura, Aparicio ocupó la Comisión Estatal de Seguridad con los resultados descritos, como si el mandatario estatal ignorase el fracaso desde el primer año, pero a pesar de que los medios de comunicación se lo advirtieron a través de notas, reportajes y columnas, el jefe del Ejecutivo hacía oídos sordos, prefirió confrontar a los medios que correr al segundo al mando de la Fiscalía; su orgullo de nuevo lo encerraba en sí mismo.
Óscar Aparicio era el operador de la Policía Estatal, pero arriba de él permanece el fiscal general, César Augusto Peniche, y si la responsabilidad de él eran los operativos fallidos, el disparo de la violencia e incremento de los delitos de mayor impacto en la entidad, ¿entonces al patrón qué se le podrá endilgar más que el fracaso total?
En esto no hay argumento que valga más que los resultados, y por ello el mandatario no puede sostener más tiempo al titular de la Fiscalía General. Se está tardando en solicitarle también su renuncia.
Es urgente que el gobernador Javier Corral retome el control de la seguridad en Chihuahua, que actúe con mayor responsabilidad. Es momento de que deje ya la mecedora y sin filias ni fobias ideológicas voltee a ver las necesidades de las y los chihuahuenses.
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