Diputado Benjamín Carrera.- Habrá quien diga que a través de estas letras se tergiversa la verdad, tratando quizá de señalar en el fondo con vergüenza a quien exhibe una indignante realidad que ya no sustenta los falsos discursos. Sin embargo, aquí estamos muy seguros de lo que, con hechos, hemos construido.
Habiendo hecho esa aclaración, quizá innecesaria, hay que sumar que, lo que aquí le comento es verificable a través de información que es pública y obra incluso en videograbaciones, en donde queda claro que el PRIAN se ha negado a hacer un llamado urgente a la gobernadora para que, en conjunto con las instancias competentes, consideren subsidiar a las y los estudiantes de universidades públicas matriculados para este ciclo escolar 2023-2024, por lo menos el 50% del costo de inscripción.
Al no tener la valentía de negarlo, han optado por proponer y finalmente “mayoritear” enviarlo a una comisión aduciendo que se requiere de mayor análisis, anteponiendo que cualquier relato que se hiciera de lo sucedido, sería una treta para tergiversar lo innegable.
Sin embargo, lo anterior no es a ocurrencia; aquí vale la pena señalar que, a raíz de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentadas por el presidente de la República en 2019, la gratuidad en la educación superior se contempla como una obligación en conjunto con los gobiernos estatales.
Mientras las y los legisladores de la tirana mayoría necesitan más tiempo para analizar si deben o no cumplir con un mandato constitucional, les pasa de noche que, en menos de tres meses -de mediados de octubre a diciembre de 2022- la Coordinación de Comunicación del gobierno estatal destinó 39 millones 995 mil 845.43 pesos para la campaña de promoción de la Plataforma Centinela, monto que es mayor al presupuesto que tendrán para todo el 2023 la Universidad Politécnica de Chihuahua (33.3 millones) y la Universidad Tecnológica Paso del Norte (39 millones).
Cabe señalar que, en el estado, hay cerca de 115 mil estudiantes de nivel superior que pagan en promedio, un monto por inscripción de 4 mil pesos; haciendo cálculos, podemos decir que subsidiarles tan solo el 50% de ese monto que muchos con dificultad pagan, equivale tan solo a un 5% del costo del espejismo de seguridad que han querido llamar Plataforma Centinela al que le han decidido destinar en igualdad de opacidad, alrededor de 4 mil 200 millones de pesos.
Aquí extraña también que, una administración que se dice interesada por el desarrollo económico, pase por alto que la educación y su garantía para toda la población, más allá de contemplarse como una obligación, tiene alcances que derivan a largo plazo en una mayor cantidad de egresados profesionistas, consolidando al país a su vez a través de una mayor fuerza laboral.
Quizá en esa misma sintonía es que el periodista norteamericano Walter Cronkite, nos deja una frase que bien vale la pena referirla: “Sea cual sea el costo de nuestras bibliotecas, el precio es barato comparado con el costo de una nación ignorante”.
Cabe señalar que la Ley General, publicada en abril de 2021, contempla en sus transitorios que la gratuidad en la educación superior en México entrará en vigor para el ciclo escolar 2022-2023 que prácticamente ha finalizado, por lo que es ya una obligación que la actual administración debería estar atendiendo.
Hemos aquí de hacer énfasis respecto a que, a fin de modernizar los procesos productivos a nivel estatal, se debe priorizar el equilibrio de recursos, reorientándolos a los centros educativos superiores a fin de que cumplan con la obligación de gratuidad que contempla la legislación.
Por último, cualquier administración que se diga interesada en el progreso y el desarrollo económico, más allá de señalar una falsa oposición, debe cimentar e impulsar el capital humano creando las condiciones necesarias para que las instituciones educativas tengan a la par la posibilidad de generar vínculos efectivos con el empresariado local, evitando la fuga de talentos y la deserción escolar.
