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EU compartió el expediente sobre el caso de Ayotzinapa

MÉXICO- El Gobierno mexicano obtuvo de las autoridades de EU una parte del expediente abierto en ese país sobre el caso de 43 alumnos de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, en una gestión con la vicepresidenta Kamala Harris, informó el presidente López Obrador.

“Ahora que hablé con la vicepresidenta de EU eran otros los temas que estábamos tratando, pero la Comisión [Nacional] de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el Gobierno estadunidense, para conseguir un expediente que tienen las autoridades de EEUU”, dijo el jefe de Estado a periodistas.

López Obrador y Harris sostuvieron una conversación el viernes 7 de mayo, enfocada en asuntos migratorios, problemas de violencia y pobreza en Centroamérica como causa de un creciente éxodo masivo.

“Le pedí (la vicepresidenta) que nos ayudara y quiero aprovechar para agradecerle, porque ya me mandó parte del expediente”, dijo el mandatario sin ofrecer detalles de la investigación.

La noche del 26 de septiembre de 2014 y madrugada siguiente patrullas de varios municipios del estado de Guerrero (sur) atacaron en la ciudad de Iguala, 220 km de la capital del país, a un centenar de jóvenes que viajaban en cinco autobuses hacia la Ciudad de México, para participar en una manifestación.

Como resultado de las agresiones policiales murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y otras 25 resultaron heridas, algunas con daños permanentes, y 43 alumnos fueron detenidos y entregados al agrupo criminal narcotraficante autodenominado “Guerreros Unidos”, pero el desenlace de las desapariciones no ha sido esclarecido en más de seis años.

López Obrador espera recibir en los próximos días otra parte del expediente que poseen investigadores en EU, vinculada a los ataques contra los alumnos, y reafirmó su promesa de encontrar la verdad de la tragedia.

“Lo mejor es la no repetición, el que nunca más haya represión en el país, por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa, ése es nuestro compromiso”, subrayó el mandatario en conferencia de prensa.

Hasta la fecha solo han sido identificados dos alumnos, a partir de restos óseos calcinados que fueron analizados en el instituto forense de la Universidad de Innsbruck, Austria: Alexander Mora Venancio y Christian Rodríguez Telumbre.

Las autoridades de EU rastraron llamadas entre presuntos perpetradores con narcotraficantes en Chicago, que eran vigilados por agentes antidrogas estadounidenses.

Elementos de “Guerreros Unidos” que estaban en EU el día de los ataques ahora participan como testigos protegidos con autoridades de ese país, en temas de crimen organizado trasnacional.

La actual Fiscalía mexicana replanteó las líneas de investigación a partir del proceso que se les sigue en ese país a esas llamadas y otras nuevas evidencias.

Cuando se cumplieron cinco años de la desaparición de los estudiantes, los fiscales informaron que un grupo científico analizó 80 millones de llamadas, 206 mil de las cuales son de interés, identificó una red primaria de 84 mil comunicaciones prioritarias y 116 números telefónicos en “zonas criticas”.

Ese análisis permitió reconstruir minuto a minuto las horas críticas de la operación en las cuales “ningún estudiante, en ningún momento, tuvo contacto o vínculos con el grupo delictivo”.

López Obrador volvió a cuestionar el relato conocido como “Verdad Histórica”, según la cual los jóvenes fueron asesinados al ser confundidos como rivales del grupo criminal “Guerreros Unidos”, que habrían calcinado los cuerpos en un basurero a cielo abierto en una quebrada de Cocula, pueblo vecino de Iguala, y lanzaron los restos a un riachuelo.

“En este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y toda la verdad, no he quitado el dedo del renglón”, puntualizó el gobernante.

Aquella versión oficial ha sido descartada porque fue construida con manipulación de evidencias y torturas, durante la gestión del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, en el Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los actuales fiscales han solicitado 83 nuevas órdenes de aprehensión por ese caso emblemático, después de que fueron liberados al menos 70 imputados, que esgrimieron en su defensa haber sido torturados.

El entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, está prófugo en Israel, acusado de manipular las evidencias y dirigir las torturas.

Sputnik