Fueron dejados en libertad los policías municipales Alejandro R. T. y Luis O. M., acusados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento en perjuicio de un matrimonio que fue víctima de tortura y robo, pues presuntamente los uniformados se negaron a denunciar las acciones de sus compañeros.
Durante la audiencia de control de detención y formulación de imputación, el juez que los requirió impuso como medida cautelar a los oficiales la firma y abstenerse de acercarse a la presunta víctima por un plazo de doce meses.
El juzgador fijó para el próximo jueves 17 de junio la audiencia de vinculación o no a proceso. El Ministerio Público solicitó ante el juez la prisión preventiva como medida cautelar; sin embargo, éste resolvió imponer otras medidas cautelares a los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Señaló la SSPM que los elementos investigados “han realizado una excelente labor policial y han destacado con importantes detenciones y aseguramientos de alto impacto. Ejemplo de ello son golpes al crimen organizado sin distinción de pandillas, grupos y/o cárteles criminales”.
Mediante un comunicado de prensa la SSPM reiteró su confianza al Poder Judicial del Estado de Chihuahua y dijo que “continuará atenta a sus resolutivos para actuar en consecuencia”.
Destacó que “esta corporación continuará brindando todo el apoyo y respaldo jurídico a los elementos en cuestión, apoyo al que tienen derecho”.
Sobre este caso, el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, informó que ambos agentes, adscritos a la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal, enfrentan cargos por el delito de encubrimiento ya que no denunciaron los hechos de los que tuvieron conocimiento (tortura) donde está como autor material el sustraído”, dijo el fiscal.
Aún están pendientes por cumplirse dos órdenes de arresto contra agentes municipales, entre ellos un mando (el jefe de Investigación Aldo Iván Sáenz Tocoli), acusados de tortura y robo agravado en perjuicio de una pareja, dijo el fiscal.
“Ya había varios indicativos de que estaban cometiendo excesos y actos ilícitos. Había varias quejas, pero los afectados por temor o amenazas no denunciaban”, mencionó el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche.
Juárez Hoy
