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En la Hoguera

Chisme averiguado, jamás es acabado… Tremendo escándalo originó el juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez, quien declaró que durante el gobierno de Javier Corral fue presionado para que se fuera en contra de la ahora gobernadora Maru Campos Galván, pues aseguró que fue presionado para determinar el sentido de la resolución judicial.

Las órdenes se dieron a través de la Secretaría General de Gobierno, siendo en su momento César Jauregui Robles quien dio las órdenes para presionar para que el juzgador y otros jueces realizaran sus determinaciones en contra de la gobernadora.

La intención era hacerle la vida de cuadritos a Campos Galván, por un lado el Gobierno amañecido y por otro grupos de diferentes partidos políticos buscaban influir en el proceso penal, pues hay que recordar que la lucha que tuvo que enfrentar era al interior del partido, en los juzgados y con otros partidos.

Uriel Mendoza en su momento fue designado como juez de lo penal en el proceso de selección durante el 2018, en donde también participó la ex consejera jurídica Luz Estela “Lucha” Castro y fue en abril del año pasado cuando se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la ahora gobernadora.

Sin embargo, todo eso fue desechado conforme al paso de los días en donde finalmente un juzgado declaró a Campos Galván inocente de todos los cargos que se le imputaban, entre ellos haber recibido fuertes cantidades de dinero por parte del ex gobernador del estado César Duarte Jáquez.

En ese mismo sentido el secretario de coordinación del gabinete en el gobierno de María Eugenia Campos, Luis Serrato Castell, confirmó que el mismo exgobernador Javier Corral le había confesado desde el 2020 que vincularía a proceso con la intención clara de bloquearle su registro como candidata a la gubernatura.

No solo se lo dijo a él, sino también a varios políticos y empresarios, esto como si realmente conociera el resultado final de las imputaciones que le estaban haciendo a ella en los juzgados, cosa que no sucedió como el exgobernador lo esperaba.

Y claro, como buen amigo, Luis Serrato Castell sostuvo una plática con Campos Galván para revelar la intención que tenía Corral Jurado en contra de ella, la cual era bloquearle primero el registro como candidata a la gubernatura y con ello ponerla en la cárcel.

Ahora solo falta ver cuál será el resultado de estas declaraciones, pues la presidenta del Poder Judicial Miriam Hernández Acosta aseguró que va a investigar las declaraciones de presión que recibió el juez Samuel Uriel Mendoza, por parte del gobierno de Javier Corral.

Eso sí, por lo que se ha señalado el juez Uriel Mendoza podría ser sancionado jurídicamente o hasta podría perder su cargo como juez si se le comprueba que incurrió en actos ilegales para beneficiar a una sola parte, es decir, será investigado por cohecho.

Estando el diablo de ocioso, se metió a chismoso… Quienes no se pudieron quedar con la boca callada son los directivos del Partido de la Revolución Democrática PRD, esto en cuanto a las declaraciones que hiciera el juez Samuel Uriel Mendoza por lo que realizó en contra de la gobernadora Campos Galván.

Ellos señalan que esto abre una caja de Pandora sobre el actuar de las dependencias autónomas como lo que sucedió con el actuar del juez, quien accedió a los caprichos del exgobernador, lo cual señalan como una violación a la autonomía de los poderes del estado.

Ellos piden que no se quede en la impunidad estos vicios que lastiman no sólo la autonomía de los poderes del estado sino a la comunidad en general, además de que se comprueba lo que siempre se dijo, que el exgobernador Javier Corral presionaba a cuanto pudiera para perjudicar en su momento a la principal contrincante de su consentido. 

Ahora me cumples o me dejas como estaba…  Quien podría ser sancionado en los próximos días es la empresa regiomontana de recolección de basura PASA, pues hasta el momento no ha cumplido con los trabajos de recolección de residuos en toda la ciudad, por lo que podría haber sanciones en su contra.

Como muestra de esta situación es lo que está ocurriendo en la capital del estado con la empresa Clifer, luego de que durante este miércoles le fue asegurado un camión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por no haber pagado aguinaldo ni vacaciones a sus trabajadores.

La cosa se ha politizado bastante bien pues la comisión de obras y servicios apoyaron esta resolución y aseguraron que no pueden ser tolerantes con una empresa que no hace bien su trabajo que afecta a los ciudadanos y a sus trabajadores.

Por lo pronto en Ciudad Juárez, ya se anunció que serán 14 camiones los que tendrá el municipio para brindar atención inmediata en donde esta empresa recolectora no ha acudido a realizar las labores que le corresponden y por lo que se le está pagando.

De esas pulgas no brincan en mi petate…  El delegado de Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa levantó la voz y cuestionó a sus detractores, quienes lo han acusado de utilizar recursos federales para la integración de comités luego de las declaraciones que hiciera la ex senadora Dolores Padierna.

Él dijo y exhortó a que hicieran un ejercicio social y preguntaran a la población si en alguna ocasión se les ha condicionado el apoyo a cambio de votos, pues asegura que lo único que ha sucedido es que se han malinterpretado las declaraciones que hiciera la ex legisladora Federal.

Ahora en cuanto a las denuncias que interpondrán los legisladores del partido Acción Nacional, los animó a que lo hicieran pero que también cuestionaran los señalamientos que se han dado en contra de políticos como Santiago Creel, Ricardo Anaya y Gerardo García Luna, es cuanto. 

Júntate con los buenos y serás uno de ellos… La gobernadora María Eugenia Campos Galván logró un acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, en donde se logra que los policías estatales puedan acceder al beneficio de la vivienda.

Maru Campos sostuvo una reunión con el representante de Infonavit Carlos Martínez, en donde se buscaron los mecanismos que permitieron que la firma del convenio beneficie a los trabajadores que trabajan en las dependencias de seguridad pública y puedan acceder al programa denominado Aliados por la Vivienda.

Ahora sí que ya solo son trámites burocráticos para que se dé la firma definitiva y se aplique este convenio en donde se permitirá dotar de casas a personas que no coticen para la obtención de estos créditos, bueno por ella y por los beneficiados.