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En la Hoguera

De ley pareja, nadie se queja…  Sí que la cosa va enserio allá en el Congreso del Estado, donde están buscando que servidores públicos paguen con cárcel cuando incurran en delitos por omisión y acciones que se relacionen con violencia feminicida, esto a través de la “Ley Ingrid” y “Ley Abril”.

Es la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, quien está empujando esta iniciativa de ley en donde se pretende reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua y con eso proteger a la mujer de ser víctima de violencia o de asesinato a manos de un funcionario.

Además, esto incluye que por ningún motivo el servidor público difunda alguna imagen de la víctima, por lo que si se llegara a realizar se impondría una multa de hasta ocho años de prisión.

Si se tratasen de videos o imágenes de cadáveres de mujeres, niñas y adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas para la conducta descrita se incrementarán hasta en una mitad, es decir que pasará de ocho a doce años de prisión como pena máxima.

A ver de qué cuero salen más correas… El agarrón entre la diputada de Morena Adriana Terrazas y Gabriel García Cantú se esta poniendo bueno, luego de que la expriista saliera a desmentir al diputado del PAN, quien anteriormente había asegurado que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia tenía como propósito defender a Javier Corral Jurado.

Estos comentarios encendieron a la ahora morenista, quien le recordó al diputado García Cantú que en esta modificación se incluyó a funcionarios que en una pasada propuesta ellos aprobaron anteriormente, pues con este nuevo ordenamiento no se tiene contemplado proteger a ningún funcionario.

Adriana Terrazas no desaprovechó la oportunidad de restregarle en la cara al presidente de la comisión jurisdiccional en el Congreso, García Cantú, que la propuesta presentada es una vil copia de lo que él mismo promovió en la pasada administración y que solo era un refrito o una copia barata.

Con la vara que midas serás medido… Al parecer se siguen encontrando anomalías en la pasada administración encabezada por Javier Corral Jurado, pues las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya aumentaron a más de 900 en total, número que podría incrementar en los próximos días.

Hasta el momento son 903 las que se han encontrado en diversas dependencias, de las cuales 10 ya fueron citadas para que respondan, esto con respecto a las actas de entrega-recepción, según lo que comentó la titular de la SFP, María de los Ángeles Álvarez Hurtado.

De las observaciones, 406 vienen de diversas secretarías, 355 de organismos descentralizados, 92 de coordinaciones generales, 35 del gabinete ampliado y 15 de fideicomisos, así que con estos datos varios exfuncionarios harán una pasarela ante la Función Pública para explicar varias de esas anomalías, si es que pueden explicadarlas porque se habla de cifras millonarias.

No hay que echar las cosas en saco roto…  Si el rector de la UACH Luis Alberto Fierro Ramírez, quería pasar desapercibido y no ser llamado a cuentas por los desvíos millonarios que tuvo la universidad por parte del gobierno del estado, ahora parece que tendrá que esclarecer el tema.

Este jueves el coordinador de los diputados del PAN en el congreso local, Mario Vázquez Robles, le mandó decir que debido a la tardía demanda que interpuso ante las autoridades de la Fiscalía, podría ser llamado a declarar al no señalar las irregularidades durante el gobierno de Javier Corral.

Aunque se vio mal que el rector después de varias semanas saliera a interponer la denuncia, es lógico y se entiende  que no lo pudiera hacer estando Corral Jurado como gobernador, pues lo más seguro es que no estaría ahora para contarlo.

Más vale aquí corrió que aquí quedó… Ante el destape de la caja de pandora en la UACH y el escándalo que se avecina, la coordinadora de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Susana Rodríguez Cervantes, presentó su renuncia.

Otros que ya están fuera de la administración de la universidad son el secretario general Raúl Sánchez Trillo y la abogada general Diana Valadez. En su lugar entraron Jesús Villalobos y Sergio Fasio respectivamente.

Todos los cambios antes mencionados fueron hechos con el beneplácito de la gobernadora Maru Campos, pues ya era demasiado el desastre que había en la máxima casa de estudios del estado. 

La justicia no corre, pero atrapa… Ya se está trabajando en algunos rezagos judiciales, en donde se destacan los de juicio político y de procedencia contra el exgobernador Javier Corral Jurado, Luz Estela Castro y un ex alcalde de Jiménez, por el asunto que fue catalogado como un cochinero judicial.

El tema está siendo empujado por los mismos panistas, quienes no ven el momento para que los que estuvieron involucrados con el exgobernador comparezcan ante las autoridades por todas las atrocidades que cometieron durante la pasada administración.

Aunque la ley no es retroactiva, los chihuahuenses esperan que se tomen en cuenta las anomalías denunciadas en los últimos días; pues no es justo que Corral Jurado se vaya tan campante de vacaciones a tierras españolas dejando al estado saqueado-endeudado y para colmo ardiendo por la inseguridad.

Como cuchillito de palo… Alejandro Domínguez Domínguez, actual presidente del Comité Estatal del PRI en Chihuahua, tendrá que demostrar la veracidad de las acusaciones que hizo sobre la deuda millonaria en la que dejaron las anteriores administraciones a ese partido, incluyendo al diputado Omar Bazán Flores.

Por esa razón Bazán Flores animó a Domínguez para que denuncie ante las autoridades esas irregularidades que detectó en el PRI, siempre y cuando tenga las pruebas sobre lo que denunció públicamente.

Lo que sí es una realidad es que hasta de las tumbas van a sacar a los que tuvieron el cargo de tesoreros del partido para que ellos aclaren la millonaria deuda que a la que hace alusión Alejandro Domínguez.