La verdad siempre sale a la luz.… Después de varios meses de una estira y afloja por fin la Tercera Sala Penal revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la gobernadora electa Maru Campos Galván y del ex diputado Rodrigo de la Rosa, por los delitos de cohecho, relacionado a la llamada “nómina secreta”.
Fue el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda quien después de haber analizado los alegatos de la defensa, consideró que las apelaciones realizadas son esencialmente fundados y operantes, por lo que revocó causa penal 2821/2020, en donde se acusaba a Campos Galván de haber aceptado diferentes cantidades de dinero.
Hay que recordar que el primero de abril de este año, el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez vinculó a proceso a Maru Campos después de que el Ministerio Público señalara que cuando era diputada junto a César Jáuregui Moreno, durante los años 2014 y 2015, solicitó y recibió del entonces gobernador César Duarte diversas sumas de dinero.
En cuanto a Rodrigo de la Rosa Ramírez, también en su momento se le acusó de haber recibido en diversas ocasiones la cantidad de 2 millones 500 mil pesos para apoyar al exgobernador César Duarte en las diferentes iniciativas que fueron sometidas ante el Congreso del Estado en los rubros de hacienda pública y de fiscalización.
Aunque esto no fue del agrada de la bancada morenista en el Congreso del Estado, todos los chihuahuenses saben que la operación Justicia para Chihuahua no era más que una cortina de humo del gobenador Corral y sus allegados, pues al momento los mismos empleados burócratas están denunciando una magnitud de abusos, robos, extorsiones, torturas y todo lo que podría incluirse en un gobierno autoritario, corrupto y represor.
Torres más altas se han visto caer… El grupo de abogados contratados por César Duarte para su defensa, presentó una denuncia interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública por faltas administrativas, uso indebido de información, tráfico de influencias y abuso de funciones, en contra del aún gobernador del estado de Chihuahua.
Esto ocurrió a unas horas de que Corral Jurado deje el cargo como mandatario Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, lo que significa que por primera vez en la historia un gobernante es demandado en este estado, por lo que los abogados esperan que se aplique la ley conforme a derecho.
“Como chihuahuenses esperamos que el ejercicio democrático apegado a derecho que ha sido ofrecido por el Gobierno entrante de los resultados que el Estado de Chihuahua necesita en relación a los funcionarios y exfuncionarios que no cumplen o hayan cumplido con la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”, fue la expresión de los litigantes.
Cuando el río suena, agua lleva… Las cosas en contra del gobernador Javier Corral no paran ahí, un grupo de agentes de la Policía Estatal acusaron que mandos están involucrados en homicidios, robos, extorsiones y siembra de evidencias, además de estar coludidos con el crimen organizado, entre otras cosas.
Esto fue desestimado por el mismo Corral Jurado, quien al ser cuestionado sobre el tema dijo que esas comunicaciones anónimas no tienen un nombre y apellido y no se puede dar como un documento válido, situación que fue un tanto incómoda para él justo al cierre de su gobierno.
Los nombres de los mandos que son señalados son Aparicio Avendaño, el comandante Serrano, el comandante Realivazquez, y el secretario García Ruiz, de los cuales Serrano se encuentra desaparecido y es acusado de haber participado en la masacre de 43 personas.
El caso es que el chisme dice que los mandos antes señalados se la pasaron cometiendo delitos, tales como homicidios, robo, extorsiones, siembra de evidencias, entre otras cosas, tal y como se vivió en Juárez, que a la llegada de García Ruiz a la secretaría junto con su ejército de ex miembros del Estado mayor, designó en esta ciudad al comandante Realivazquez.
Acusan que Ricardo Realivazquez, con el propósito de presentar números y mantener el puesto, les ordenó a sus mandos sembrar evidencias, extorsionar, robar, asesinar y proteger a miembros del crimen organizado, asuntos que la gran mayoría no tuvieron solución ni justicia para las víctimas.
Toma chocolate y paga lo que debes… Por los delitos de traición a la patria y uso indebido de documentos y ocultar, alterar y/o negar información requerida por la autoridad electoral, a unas horas de que acabe su mandato, Javier Corral fue denunciado ante la Fiscalía General de la República.
La querella fue interpuesta por el empresario Otto Valles y su abogado Fernando Alarcón, quienes acudieron ante esa dependencia federal y en donde hicieron referencia que Corral Jurado contaba con dos documentos oficiales y públicos que detallaban que estaba amparado por el IUS SOLI (criterio que otorga la nacionalidad a aquellos nacidos en territorio nacional), de dos países.
Ellos comentan que en los documentos, el gobernador aseguraba que nació en dos lugares diferentes al mismo tiempo, el mismo día y en la misma fecha, lo cual es materialmente imposible.
Asegurando que el acta que Corral Jurado presentó es falsa, en ella menciona que él nació en Ciudad Juárez en 1991, la cual se trataba de un documento fraudulento por contener como hecho falso su lugar de nacimiento, por ese motivo se exige una investigación contra el aún gobernador por haber ocupado su cargo sin cumplir con el criterio de la nacionalidad.
Lo que en el corazón está, a la boca sale… La senadora panista Xóchitl Gálvez se fue en contra del subdirector de Salud Hugo López Gatell por las expresiones que hizo en cuanto a las declaraciones a favor de los menores de edad, en donde mencionó que vacunar a un niño le quitaba la esperanza de vida a un adulto.
Estas declaraciones las realizó en una conferencia de prensa de los senadores del PAN, donde se cuestionó sobre lo dicho por parte de López-Gatell: ”Es un pendejo… eso es, no puede ser que declare una cosa así, cuando hay niños que son vulnerables”.
Los comentarios de López-Gatell se dieron en la mañanera junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo textualmente: “No hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”.
