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En la Hoguera

De dinero y bondad quita siempre la mitad… El presidente de Canacintra Thor Salayandía, puso en tela de juicio los préstamos que hiciera el gobierno del estado a empresarios con el objeto de apoyarlos ante la situación económica derivada de la problemática que trajo la pandemia al estado, bajo el programa de rescate al empresariado.

Comentó que por más que se dieron a la tarea de rastrear en dónde y a quién se le entregó ese dinero, no han podido acceder a esa información pese a que lo han solicitado a través de la página de transparencia, luego de que los datos se encuentran blindados, comentó Salayandía.

Ahora sí que como él preguntó, dónde quedaron esos 3 mil 400 millones que el desgobernador anunció para ayudar a los empresarios a menguar los gastos corrientes que tienen en sus empresas, pues reveló que solo se repartió una cantidad mucho menor a los empresarios.

Como ejemplo puso que se repartieron 114 millones entre cinco mil 130 empresas que, ya repartido entre ese total, cada una de ellas solo recibieron un poco más de dos mil pesos, lo que significa que en realidad no se apoyó como lo presumió el estado.

Por ese motivo, la ayuda que supuestamente dio el gobierno del estado solo fue un espejismo, una manera de darle un curita a quienes estaban padeciendo los estragos por la pandemia, pues comentó que a quienes les fue bien, recibieron un poco más de 9 mil pesos, cosa que ni siquiera alcanzó para pagarle a un empleado promedio.

Ha chispeado, pero no ha llovido… El Consejo General del INE, resolvió a favor de Maru Campos Galván y en contra del recurso promovido en contra de ella por el supuesto acceso que realizó durante su campaña, rechazando de esa manera el procedimiento administrativo sancionador promovido por Juan Carlos Loera.

Durante la sesión el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña enlistó 32 acuerdos que se votaron momentos después en contra, entre ellos el 3.28 del expediente INE/Q-COFUTF/344/2021/CHIH, el cual fue promovido por el ex candidato de Morena.

Fueron 10 votos a favor y uno en contra en el sentido que se rechazaba proceder en contra de Maru Campos Galván en materia de fiscalización, lo cual significaría un golpe en contra de la campaña que al igual tenía como propósito revertir el proceso de elección.

‘’PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por el C. Diego Alejandro Villanueva González, representante del Partido Político MORENA acreditado ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Chihuahua, en los términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución’’, señala el resolutivo.

Con esto el caso se regresa a la corte local, es decir, será el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua quien deberá de resolver en los próximos días si hubo, o no, gastos excesivos de campaña, según establece la Jurisprudencia 3/2011, en donde se reafirme el dictamen realizado por el Instituto Nacional Electoral.

Amistades que son ciertas, mantienen las puertas abiertas… A un par de meses de que termine la gestión, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez se reunió con el alcalde de la ciudad de El Paso, Texas, Oscar Leeser, con el propósito de estrechar los lazos de comunicación entre las ciudades hermanas.

Después de la reunión que ambos ediles sostuvieron, se llegó a decir que la reapertura de los puentes internacionales pudiera ocurrir a partir del 21 de julio, lo que vendrá a reanudar los lazos comerciales que han estado prácticamente detenidos por la pandemia.

Sin duda el esfuerzo del alcalde paseño es grande pues les ha quedado muy claro en la vecina ciudad que sin los juarenses no pueden sobrevivir sus comercios. Ahora más que nunca les urge que se vacune a los fronterizos para poder presionar la apertura de los puentes internacionales.

Del dicho al trecho hay mucho trecho… Una gran noticia se dio a favor de los pensionados y jubilados que no pertenecen al sindicato luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Chihuahua ordenó a Pensiones Civiles del Estado pagar el retroactivo del incremento del cinco por ciento.

Esta se da luego de que el director de prestaciones económicas de Pensiones Civiles del Estado fuera demandado por uno de los afectados y ahora PCE, tendrá que pagar un retroactivo que corresponde desde el mes de enero hasta junio de este año.

A los sindicalizados ya se les había aplicado este incremento, pero a quienes no pertenecen a dicho organismo, no se les había otorgado ese beneficio, lo cual fue considerado como un acto de discriminación por el juez, quien emitió sentencia definitiva para que se repusiera el daño causado.

Se enojan las comadres y se sacan las verdades… A unas cuantas semanas de que se termine la actual legislatura del Congreso del Estado, esta no tiene para cuando liquidar el adeudo que tiene con Pensiones Civiles del Estado, deuda que casi alcanza los 10 millones de pesos.

El tema resalta luego de que el diputado del Partido Nueva Alianza René Bencomo, exhortara al Gobierno del Estado a que liquidara su adeudo con Pensiones Civiles del Estado, esto sin haberse puesto a analizar los pagos que tienen pendientes con la misma dependencia.

El asunto es que de acuerdo a un informe realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, entregado desde el pasado octubre del 2020, la presidenta del Congreso Blanca Gámez no ha movido un solo dedo para solucionar el adeudo de 9,757,698 pesos, correspondiente de junio a diciembre del 2019.

El tiempo aclara las cosas… La reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió un revés luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara 10 de los 10 artículos de la reforma referentes a educación indígena e inclusiva.

De acuerdo al dictamen de la SCJN, esto se realizó luego que en los 10 artículos incumple con el derecho de las comunidades afectadas, artículos que entraron en vigor el pasado 30 de septiembre de 2019, después de la publicación en el diario oficial de la federación.

Con esto el presidente AMLO, buscará revertir la sentencia, ya que la ordenanza surtirá efecto en no menos de 18 meses, tiempo suficiente para que el ejecutivo realice las maniobras para defender su reforma educacional, la cual correspondía a los capítulos VI y VIII, relacionados con la educación para comunidades indígenas y personas con discapacidad.