Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- El presidente tuvo tres años la mayoría absoluta en las dos cámaras e hizo los cambios a la Constitución que priorizó. En 2021, el voto le quitó la mayoría calificada en las dos cámaras y su reforma electoral se atoró, solamente pasó la de energía por el voto traicionero de Alito y el PRI.
Al atorarse la reforma electoral, se sacó de la manga el Plan B, que es cambiar leyes secundarias con mayoría simple -que sí la tiene en ambas cámaras-, aunque hayan violado hasta en 21 ocasiones la Constitución, de acuerdo a lo dicho por Ricardo Monreal en su voto particular en contra.
Ahora, una vez aprobadas, y lo serán, solo habrá tres recursos contra los daños que puede causar el Plan B:
1.- La acción de inconstitucionalidad que presentarán las minorías de ambas cámaras (requiere ocho votos del Pleno de la Corte para echar abajo el Plan B).
2.- La controversia constitucional que puede ser presentada por el ente directamente afectado, como el INE o el TEPJF y requiere de 6 votos a favor en el Pleno de la Corte. También Entidades y municipios pueden ir a la controversia constitucional por lo del 0.1 por ciento en Comunicación Social porque se aplica a quien lo pide.
3.- El amparo, recurso al que pueden recurrir los empleados del INE que serían despedidos, aunque también es ruta larga para otros casos, como los municipios y los estados.
El TEPJF tiene facultades en materia laboral, todo es que se aviente el tiro, además de su propia controversia por los daños que pretenden hacerle con el Plan B.
