Mario Álvarez.- Las democracias rara vez cambian de manera abrupta. Casi siempre se transforman mediante reformas que, en apariencia, parecen técnicas o administrativas, pero que terminan modificando la relación entre los ciudadanos y el poder.
La reforma electoral aprobada en Chihuahua pertenece a esa categoría. Se presenta como una medida para reducir costos, hacer más eficientes los ayuntamientos y simplificar la toma de decisiones. A primera vista, la propuesta resulta atractiva. En una época en la que la ciudadanía exige austeridad y mejores resultados, hablar de gobiernos más pequeños parece una respuesta lógica.
Sin embargo, la democracia no puede evaluarse únicamente por su costo. También debe medirse por su capacidad para representar a la sociedad.
Reducir el número de regidores significa reducir el número de personas que participan en las decisiones del gobierno municipal. Cada espacio que desaparece es una voz menos en el Cabildo, una perspectiva menos en el debate y una oportunidad menos para que distintos sectores de la población estén presentes en el órgano más importante de un municipio.
La pregunta, entonces, no es cuánto dinero se ahorra. La pregunta es qué se pierde en el camino.
Durante años, el problema de muchos ayuntamientos no ha sido el exceso de representantes, sino la falta de resultados. La ciudadanía no cuestiona cuántos regidores existen; cuestiona si cumplen con su responsabilidad, si fiscalizan al gobierno, si presentan iniciativas útiles y si mantienen un contacto permanente con quienes los eligieron.
Reducir el número de integrantes de un Cabildo no garantiza, por sí mismo, un mejor gobierno. La eficiencia institucional depende de la calidad de quienes toman las decisiones, de la transparencia con la que actúan y de los mecanismos de rendición de cuentas. Ninguno de esos problemas desaparece únicamente porque haya menos personas sentadas alrededor de la mesa.
La reforma también modifica la dinámica política. Con menos espacios disponibles, las candidaturas se vuelven más disputadas y aumenta el poder de quienes deciden quiénes integran las planillas. Al mismo tiempo, las posibilidades para nuevos liderazgos y para voces distintas pueden disminuir.
Quienes respaldan la reforma sostienen que un gobierno más compacto será más eficiente. Es una postura legítima. Pero también es legítimo preguntarse si la eficiencia debe alcanzarse reduciendo la representación ciudadana y no revisando otros rubros del gasto público, fortaleciendo la profesionalización de los servidores públicos o mejorando los mecanismos de evaluación.
Las reglas electorales no deberían diseñarse pensando únicamente en la próxima elección. Sus efectos permanecerán durante muchos años y alcanzarán a gobiernos de todos los partidos. Por eso requieren una discusión que vaya más allá de las mayorías circunstanciales.
La verdadera fortaleza de una democracia no radica en tener menos representantes, sino en construir instituciones que escuchen mejor, rindan cuentas y respondan con eficacia a las necesidades de la sociedad.
Porque cuando una democracia comienza a reducir los espacios donde se escuchan las voces de sus ciudadanos, el ahorro presupuestal puede ser inmediato. Lo que tarda mucho más en recuperarse es la confianza.
