Dieciocho estados de Estados Unidos, además de la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, han presentado una demanda contra el presidente Donald Trump luego de que este firmara una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
Los fiscales generales de dichos estados califican la iniciativa como un “intento flagrantemente ilegal” de despojar de la nacionalidad a cientos de miles de niños que nacen en territorio estadounidense, con base únicamente en la ascendencia o el estatus legal de sus padres.
La querella —encabezada por procuradores de tendencia demócrata— cuestiona la legitimidad de la orden firmada por Trump apenas horas después de jurar el cargo para su segundo mandato. Argumentan que el presidente carece de autoridad para cambiar, mediante decreto, un “principio constitucional bien establecido y de larga data”, en referencia a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
En concreto, la orden ejecutiva de Trump estipula que, a partir del próximo mes, las agencias federales dejen de reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres sin estatus migratorio regular o con visas temporales, siempre y cuando uno de los progenitores no sea ciudadano ni residente permanente.