Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- Vaya lío en el que metieron a un grupo de empresarios junto con varios funcionarios del Gobierno de Chihuahua, quien dice ser representante de los empresarios quejosos, Cuauhtémoc Romero Bedolla.
Resulta que presentó ante la gobernadora un escrito en el que confiesa, dando voz a los empresarios y exhibiendo a funcionarios y candidatos perdedores y ganadores por delitos electorales y potencialmente penales cometidos con depósitos para financiar sus campañas a cambio de apoyos cuando ya fueran gobierno.
Romero Bedolla afirma y firma que se financió la campaña de Javier González Mocken con 27,838,000.00, que se entregaron al Comité Municipal del PAN 50 mil pesos, que al diputado Raúl García Ruiz con 810 mil pesos para un auto y gastos cuando era candidato y otra parte ya funcionario.
El escrito tiene sello de recibido por Claudia Sáenz en la Secretaría de Coordinación de Gabinete el día 8 de junio del 2023 a las 14:42. Luego tiene otro sello de recibido en la Fiscalía Anticorrupción del día siguiente 9 de junio de 2023 recibido en sobre cerrado por Yethziri.
Creo que no vieron la mañanera en la que se denunció todo y menos se dan cuenta del regalo al presidente que con certeza intentará cobrar a su jefa alguna factura reciente que no ha guardado y todavía trae en la mano.
La FEPADE, la UIF y la FGR serán instruidas para buscar tipificar los delitos electorales y/o penales que resulten siguiendo el dinero que uno de los empresarios durante la discusión telefónica con Álvarez Monge afirma tener los comprobantes.
Empresarios y servidores públicos podrían ser investigados por delitos electorales inherentes a lo escrito en ese documento y por las afirmaciones hechas en la discusión telefónica.
Este tema da para más, pero eso será mañana.
César Duarte sigue en prisión injusta y arbitraria, mientras algunos potenciales delincuentes coludidos con empresarios ocupan espacios de servicio público. Sin duda fue incontenible la calentura que los llevó a discutir por teléfono tantos detalles y reclamos. Luego la pifia de congelar el oficio denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora nos damos cuenta de que la incompetencia del Poder Judicial no es única, sino que también está en otras instancias o en todas.
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