El diputado de Morena Gustavo De la Rosa Hickerson presentó un acuerdo para que los órganos internos del Poder Legislativo desarrollen, en todo proceso legislativo, la implementación de mesas técnicas y protocolos necesarios a fin de realizar consultas previas a toda la actividad que involucre directamente los intereses de grupos vulnerables.
Expuso que la consulta obligada a las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas constituye una formalidad esencial del procedimiento legislativo sin la cual el trabajo legislativo que se realiza en relación a estos grupos vulnerables será inútil.
Destacó que tan solo en el periodo comprendido entre el mes de enero del 2020 a octubre del 2021 (22 meses) se han presentado un gran número de iniciativas que fueron excluidas del proceso legislativo por la no realización de las consultas correspondientes.
En esto últimos 22 meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalido un total de 51 decretos de ley, reforma y/o adición que durante este lapso de tiempo fueron sometidos a su escrutinio jurisdiccional por falta de consulta previa a grupos de personas con discapacidad, integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas. Algunas de estas iniciativas fueron presentadas en el pleno del Congreso del estado de Chihuahua.
Expuso que esta propuesta se debe a que desde el inicio de la actual legislatura se encuentran instaladas las comisiones que atenderán distintos asuntos relacionados con derechos que inciden en personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas, y que deberán ser dictaminados. Ante esto, deben realizarse las consultas correspondientes a fin de integrar directamente a los involucrados y evitar la invalidación por el incumplimiento del debido proceso, como lo ha señalado de manera reiterada la Suprema Corte de la Nación.
“Tendremos tiempo suficiente para superar los vicios y errores en que incurrieron las legislaturas anteriores en lo referente a la consulta previa e informada, y que concluyeron en que se declarara la invalidez de lo que aquí aprobaron, por haber omitido esta obligación que, convencional y constitucionalmente, se impone en todo proceso legislativo.
