La Secretaría de Hacienda informó que como resultado de la estrategia fiscal de la Operación Justicia para Chihuahua se detectaron 519 empresas fantasma a través de las cuales se facturaron 36 mil 366.9 millones de pesos (mdp).
Indicó que a través de los llamados Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal empleados durante la pasada administración del Gobierno del Estado, se involucraron 383 contribuyentes, de los cuales 141 fungieron como proveedores directos o de primer nivel y 242 de segundo, tercer y cuarto nivel, es decir, como proveedores de proveedores.
En total se han detectado 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal entre los que sobresalen los siguientes:
Uno que se convirtió en el segundo proveedor más importante del Gobierno; otro mediante un esquema nacional corporativo (Nepk); uno más mediante simulación en la Secretaría de Educación a través de las firmas Sisas, Sinax, Samex y Futura; otro mediante constructoras en Hidalgo del Parral.
Otro esquema fue utilizado para “compra” de leche en el DIF; otro para la prestación de servicios administrativos a Gobierno; uno más como apoyos a “fondo perdido” y el que se empleó para saquear al Sector Salud.
Además de estos, han sido documentados 19 esquemas más, los cuales se mantienen en confidencialidad por tratarse de procedimientos fiscales vigentes.
De las 519 empresas fantasma cuya operación fue detectada entre 2013 y 2016, 40 fueron proveedores de primer nivel que facturaron de manera directa al Gobierno del Estado 558 millones 171 mil 533 pesos y mediante empresas privadas un total de 5 mil 522 millones 991 mil 248 pesos.
Otros 479 proveedores de segundo y tercer nivel facturaron un total de 29 mil 985 millones, 731 mil 749 pesos.
En el rastreo efectuado por la Secretaría de Hacienda, se determinó que las empresas fantasma operaron en 22 entidades de la República Mexicana: el 29 por ciento (%) en el estado de Chihuahua; 40% en Jalisco y el 20% en la Ciudad de México, el resto en otros estados.
De igual manera, se estableció que el 35% comparte domicilio, socios o representantes legales; el 18% fueron liquidadas o suspendidas después de utilizarlas y el 74% no cuenta con activos, empleados, o capacidad material para brindar el servicio o proveeduría para lo que eran contratadas.
La estrategia de la Secretaría de Hacienda para la recuperación del dinero desviado y para combatir la corrupción en el esquema de proveeduría del Gobierno estatal, consiste en siete pasos:
1. Se elabora el perfil del contribuyente y se documenta el caso; 2. Se grafica el esquema de evasión fiscal, las redes y los vínculos; 3. Se detecta al o los beneficiarios reales siguiendo la ruta de los recursos; 4. Se inician las facultades de comprobación EDO o integración de expediente EFO (empresa fantasma); 5. Se determinan los créditos fiscales; 6. Se inicia la defensa jurídica integral y 7. Se realizan los procedimientos administrativos de ejecución.
Cabe aclarar que a las empresas no se les practica la auditoría, sino al o los contribuyentes que dan efectos fiscales a las facturas emitidas.