Dr. Fernando A. Herrera M.- Escribir sobre administraciones públicas suele ser un ejercicio de contrastes, pero cuando los números son claros, la narrativa pasa a segundo plano.
El Quinto Informe de Gobierno de Marco Bonilla en la capital es un corte de caja con la frialdad de la estadística que demostró la continuidad institucional y sus dividendos tangibles. A cinco años, el modelo Chihuahua se consolida bajo tres ejes: una economía blindada, uso de tecnología en seguridad y la infraestructura estratégica.
La primera carta fuerte es, sin duda, la economía. En un entorno nacional de crecimiento económico bajísimo e inestable, la capital promedió un crecimiento del 5% anual desde 2022. La atracción de 2 mil 224 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y la consolidación de 43 grandes proyectos industriales se convirtieron en 30 mil nuevos empleos formales. Blindar la economía local cuando las señales federales son negativas ha sido el mayor acierto de su gestión, respaldado por finanzas públicas con la calificación crediticia Triple A.
En el segundo eje, el de la seguridad, la apuesta por la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) demostró que la pacificación es un asunto de presupuesto y tecnología. Al destinar una cuarta parte de los ingresos municipales a la seguridad se propició la descentralización de la vigilancia con proyectos como el Distrito Policial León. Y aunque la delincuencia en el país sigue como un monstruo de mil cabezas, la contención en la capital hasta mínimos históricos en la última década valida la inversión en drones, cámaras y la dignificación de los policías funcionan mejor que cualquier otra estrategia.
El tercer eje, la infraestructura urbana con proyectos de movilidad como el Puente Nogales, el Puente Aldama, el extraordinario programa de becas escolares (más de 77 mil entregadas), cerró la pinza para equilibrar el crecimiento industrial con el desarrollo social.
Por supuesto, el panorama no está exento de pendientes. El crecimiento acelerado de la mancha urbana exige que los servicios públicos cotidianos, como la recolección de basura, el bacheo en la periferia y el suministro de agua, se mantengan al ritmo de la gran industria internacional.
Marco cierra este ciclo con un capital político innegable. Su invitación a la presidente Sheinbaum para conocer el modelo local no fue solo por cortesía: era la oportunidad para mostrar que en Chihuahua hay una fórmula de gobierno que funciona, que tiene datos para sostenerlo y que está lista para lo que sigue.
Planear el futuro
El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García, presentó un informe de gobierno que rompe con la vieja y mala costumbre de la política mexicana: gobernar solo para el aplauso fácil.
En lugar de presumir únicamente bacheos cosméticos o entregar apoyos efímeros para la foto del recuerdo, el foco central del mensaje del alcalde estuvo en la planeación a largo plazo. Un verdadero tanque de oxígeno institucional en medio de un país y políticos acostumbrados a la improvisación de cada tres o seis años, y sustentados en una visión que mira hacia las próximas elecciones y no hacia las siguientes décadas y a una mejor transformación y progreso de comunidades, estados y nación.
La ocurrencia política. El gran acierto técnico que destaca en este ejercicio de rendición de cuentas es la consolidación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) mediante una Ley Orgánica avalada por el Congreso del Estado. ¿Qué significa esto en términos estrictamente ciudadanos? Implica que el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de Delicias ya no van a depender de los caprichos, los humores o los negocios del alcalde en turno.
Al quedar blindado jurídicamente, Valenciano pone un ejemplo que debería cundir en todo el estado de Chihuahua: la planeación y el rigor técnico mandan sobre la coyuntura política.
Tras catorce años sin un instrumento actualizado, la creación del Plan de Ordenamiento Territorial con visión al año 2040, cobijado por el respaldo internacional de ONU-Hábitat, asegura que si el plano dice hacia dónde debe crecer la infraestructura de forma ordenada, ningún político podrá cambiarla a su antojo.
Modelo Delicias. La visión Delicias 2040 impulsa siete proyectos estratégicos —como el Parque Industrial 4.0, movilidad y ordenamiento— respaldados por el Fideicomiso Gran Visión 2040. Este comité cuenta con mayoría ciudadana e integra a organismos como FECHAC, Coparmex, Canaco y Canacintra, asegurando que las decisiones permanezcan en manos de la comunidad y no de la burocracia partidista.
Esto se complementa con inversiones superiores a los 1,500 millones de pesos en infraestructura, pavimentación y redes hidrosanitarias, así como el fortalecimiento de la seguridad con el Subcentro Centinela y programas de salud.
Conclusión. Gobernar es construir sobre bases firmes; el modelo de Delicias demuestra que cuando la sociedad vigila la continuidad, las ciudades trascienden más allá de los trienios políticos.
El costo del aplauso
El gobierno federal destina una cantidad histórica de recursos a los Programas del Bienestar: más de un billón de pesos al año. Sin embargo, la economía del país sigue estancada y las familias mexicanas batallan cada día más para salir adelante. La razón es simple: estos apoyos sociales no están diseñados para ayudar a que la gente deje de ser pobre, sino para asegurar que sigan votando por un mismo partido.
Cuando el gobierno de Morena elimina los controles institucionales y reparte efectivo sin revisar quién lo necesita de verdad, trastoca su misión fundamental de desarrollar al país para enfocarse en la compra de lealtades en las urnas.
Adultos mayores. La Pensión para el Bienestar se otorga a todas las personas de la tercera edad (65+) con restricciones menores y fáciles de cumplir. Al hacerla universal, no importa si se trata de un multimillonario o de alguien en pobreza extrema: todos la reciben. El trasfondo del plan es que los beneficiarios sientan que el dinero es un regalo directo del partido en el poder, asegurando así millones de votos.
Darle dinero a todo el mundo está vaciando las arcas públicas. El CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria) advierte que este programa absorbe tantos recursos que ya superó el gasto conjunto de toda la educación y la salud pública del país. Al destinar tal cantidad de dinero a una prestación universal, el Estado incurre en un gasto regresivo que nos está dejando sin medicinas en los hospitales y sin escuelas dignas para los niños.
La universalidad es financieramente insostenible, por lo que debemos transitar hacia una focalización eficiente: mantener el apoyo universal e irrestricto únicamente para la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y aplicar un tope de ingresos para el resto, como la mitad del sueldo de la presidenta que recién se propuso, para que nadie que perciba más de 70 mil pesos mensuales obtenga este beneficio.
Esto liberaría recursos críticos para rescatar al colapsado sistema de salud pública y mejorar la educación.
Jóvenes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que en su origen buscaba que los beneficiarios aprendieran un oficio o iniciaran sus primeras experiencias laborales, funciona en realidad para mantener tranquilos a los jóvenes y asegurar su voto temprano. Se les entrega un apoyo económico mensual sin exigir una calificación, un avance en su capacitación o la comprobación de que verdaderamente adquieren habilidades para incorporarse a la planta productiva del país.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado fraudes mediante “empresas fantasma” que registran a jóvenes y se quedan con una parte del dinero sin enseñarles nada. El gran error de diseño es que al gobierno no le importa medir cuántos jóvenes consiguen un empleo formal después del año de recibir la beca; su único interés es presumir cuántos cheques entregaron.
Los apoyos deben dejar de ser subsidios pasivos y convertirse en Transferencias Monetarias Condicionadas. Para recibir el recurso, el beneficiario debe demostrar por ley un 80% de asistencia a las capacitaciones y aprobar evaluaciones mensuales de competencias que garanticen su verdadera inserción al mercado laboral formal.
Sembrando Vida. En las comunidades rurales se implementó este programa para impulsar a los pequeños agricultores, pero los operadores controlan directamente quién recibe el apoyo y quién no. Esto convierte a la gente del campo en un sector vulnerable, obligado a asistir a campañas, marchar y votar por el partido oficial bajo la amenaza de perder, en muchos casos, su único ingreso.
Aunque el programa cuesta miles de millones, opera sin ninguna revisión de la Secretaría de Medio Ambiente. El Coneval descubrió que, en lugar de ayudar a la naturaleza, muchos beneficiarios talaron árboles y quemaron bosques viejos para tener terrenos limpios y “calificar” para el pago. No existe una fiscalización real de la siembra o de la supervivencia de los árboles que se plantan; la prioridad es que la gente reciba el dinero y sea recíproca en las urnas.
Urge implementar Reglas de Operación claras y transparentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación, condicionando la entrega del recurso a auditorías ambientales estrictas y verificación satelital de la supervivencia y producción de los cultivos.
Conclusión. Para entenderlo de forma sencilla: el dinero del gobierno es como el presupuesto de una familia. Si te gastas todo el sueldo en darles dinero en efectivo a tus hijos para que estén contentos, no tendrás para pagar la luz, reparar el techo, comida o comprar tus herramientas de trabajo. Eso hace el gobierno actual al usar los impuestos para entregar una ayuda social clientelar, en lugar de utilizar ese presupuesto para arreglar las vías de comunicación dañadas, mejorar la red eléctrica, dar mantenimiento a los hospitales, surtirlos de medicinas o restaurar la infraestructura educativa.
Los programas sociales deben permanecer porque la gente humilde los necesita, pero requieren reformas estructurales urgentes. Todo apoyo gubernamental debe funcionar como un trampolín de movilidad social, no como una red de dependencia eterna.
Para lograrlo, la administración de estos recursos debe salir de las manos de los partidos en el poder y ser gestionada por un organismo autónomo, apoyado en un Padrón Único de Beneficiarios blindado y auditable en tiempo real. Asimismo, el presupuesto anual de cada programa debe estar condicionado a las evaluaciones de impacto del Coneval; los programas que no disminuyan la pobreza deben modificarse.
Los impuestos existen para que el Estado brinde apoyo a los más desprotegidos, garantice la seguridad ciudadana y genere la infraestructura que facilite la producción.
Por supuesto que debe haber programas sociales, pero estos no se deben ni se pueden pervertir convirtiendo el apoyo público en una trampa para comprar votos y mantener fieles a las urnas.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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