Lic. Héctor Molinar (Facilitador Privado No. 24).- Lo ocurrido en la sierra de Chihuahua, tras el trágico fallecimiento de ciudadanos norteamericanos vinculados a labores de inteligencia, ha detonado una reacción pública que, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, ha derivado en un espectáculo político lamentable.
Particularmente preocupante ha sido la forma en que actores políticos, como Gerardo Fernández Noroña, han aprovechado el momento para lanzar acusaciones y descalificaciones contra la gobernadora Maru Campos, sin esperar información oficial completa ni un análisis serio de los hechos.
Mi postura es clara; este no es momento de juicios precipitados, sino de prudencia institucional.
Debe esperarse a que las autoridades informen con claridad y transparencia sobre la naturaleza de la presencia de estos ciudadanos en territorio chihuahuense. Sin embargo, también es necesario decirlo con firmeza: la presencia de agencias norteamericanas en México no es un fenómeno nuevo ni extraordinario. Ha existido históricamente bajo distintos esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Pretender presentar este hecho como un escándalo inédito es, en el mejor de los casos, ignorancia; y en el peor, manipulación política.
Más grave aún es el tono de los ataques. Cuando la crítica política se convierte en descalificación sistemática, en señalamientos sin sustento y en una narrativa de linchamiento público, estamos ante algo más que debate democrático; estamos ante una forma de violencia política que, tratándose de una mujer en el poder, puede encuadrar incluso como violencia de género.
No se puede normalizar que la confrontación política sustituya a la responsabilidad institucional.
Por otro lado, conviene no perder de vista lo verdaderamente relevante: la destrucción de narcolaboratorios en la sierra de Chihuahua representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras criminales que han lastimado profundamente a nuestro país. Es ahí donde debe centrarse la discusión pública, en los resultados contra quienes generan violencia, no en disputas estériles entre actores políticos.
En ese contexto, resulta poco creíble suponer que el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, con amplia trayectoria jurídica y política, haya actuado al margen de la Constitución. Las decisiones en materia de cooperación internacional en seguridad no son improvisadas ni locales, responden a acuerdos establecidos a nivel federal.
Es importante recordar que agencias como la CIA, el FBI o la DEA no operan en territorio mexicano por ocurrencia de autoridades estatales, sino en el marco de convenios y estrategias definidas por el gobierno federal.
Hoy, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la política de seguridad ha delegado funciones operativas clave en el secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabeza las acciones contra los cárteles a nivel nacional.
Por ello, simplificar el problema y responsabilizar a una autoridad estatal sin evidencia, no solo es injusto, sino irresponsable.
Chihuahua merece verdad, no especulación. México necesita instituciones fuertes, no discursos incendiarios. Y la ciudadanía exige algo muy simple, pero fundamental: que la política deje de ser un campo de batalla y vuelva a ser un espacio de responsabilidad.
