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FGR imputa a Juan Collado delito de defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) imputará este domingo al abogado Juan Collado una presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La audiencia de imputación, en la que Collado y su defensa están presentes, se realiza esta mañana en los juzgados de distrito del Reclusorio Preventivo Norte.

Javier López, abogado del litigante, quien ingresó antes de las 10:00 horas a los juzgados, confirmó en entrevista que la audiencia, a puerta cerrada, será de formulación de imputación.

Esta diligencia se realizaría el miércoles, pero fue diferida a petición de la defensa de Collado con el argumento de que no había tenido acceso al expediente y necesitaba unos días para estudiarlo.

Según informes recabados, la FGR entregó hace unos días el disco con el expediente de esta nueva imputación a la defensa del abogado. Sin embargo, los abogados no pudieron abrirlo y lo solicitaron de nueva cuenta.

La Fiscalía les entregó el disco, pero ante el volumen del expediente, los abogados del acusado requirieron unos días más para preparar la defensa, mismos que fueron autorizados.

Los informes indican que la FGR imputará formalmente a Collado una presunta defraudación fiscal equiparable por alrededor de 36 millones de pesos correspondientes al ejercicio de 2015, por concepto de ISR.

Para Collado, esta será la tercera causa penal en su contra, pues actualmente está procesado por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que fue detenido y encarcelado el 9 de julio de 2019.

En ese primer expediente, le atribuyen haber participado en la presunta compra-venta simulada del edificio de la sociedad financiera popular Caja Libertad, en Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, operación que le habría traído un beneficio personal de 24 millones de pesos.

En el segundo expediente, Collado y un ex alto mando de la FGR fueron imputados penalmente -esta semana- de archivar en forma presuntamente ilegal una investigación por lavado, y realizar gestiones indebidas para tratar de descongelar 76.5 millones de euros del abogado en Andorra.

El litigante y Alberto Manuel Alcántara, hasta el año pasado titular de la Coordinación General de Investigación (CGI), área de asuntos relevantes de la Subprocuraduría de Delitos Federales, fueron imputados de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia.