Aída María Holguín Baeza.- La semana pasada, la organización Article 19 Oficina para México y Centroamérica, presentó su informe anual titulado “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, un retrato preocupante del deterioro democrático en México.
Es un diagnóstico contundente sobre cómo la opacidad institucional, la digitalización sin garantías, la violencia contra la prensa, el uso del poder judicial para censurar y la erosión de las instituciones de justicia están deteriorando las condiciones democráticas esenciales.
Uno de los aspectos más preocupantes es el retroceso en materia de transparencia, especialmente con la desaparición del INAI, lo que representa un golpe significativo a la rendición de cuentas, al que se suma el abandono de la Plataforma Nacional de Transparencia, actualmente en riesgo de colapso o de quedar en el olvido, a pesar de contener más de 14 mil millones de archivos y solicitudes acumuladas. Una situación que refleja una renuncia sistemática al derecho ciudadano a saber; es decir, a acceder a la información pública.
Por otro lado, bajo el discurso de la modernización tecnológica, el Estado ha impulsado una digitalización que, lejos de garantizar eficiencia y acceso, ha expuesto fallas profundas y abierto la puerta a nuevas formas de vigilancia y control informativo. Ejemplos como las fallas en CompraNet, los errores logísticos en campañas de vacunación y la precariedad tecnológica de portales públicos reflejan una digitalización que sirve más al control que a la apertura.
En este entorno, el periodismo continúa siendo una profesión de alto riesgo. En 2024, Article 19 documentó 639 agresiones contra periodistas, un aumento del 13.9 % con respecto al año anterior. Además, el uso del sistema judicial como herramienta de censura se ha intensificado, con al menos 21 procesos legales abiertos contra periodistas por su trabajo informativo. La violencia digital también ha aumentado y lo más alarmante es que el Estado sigue siendo el principal agresor, con 287 ataques registrados.
El debilitamiento institucional completa este panorama. La FEADLE abrió solo 84 investigaciones en todo el año, dejando cientos de casos en manos de fiscalías estatales donde, como señala el informe, a menudo prevalecen intereses políticos o la influencia del crimen organizado. El mensaje es claro: la justicia no llega, y cuando lo hace, lo hace tarde o de forma parcial.
En resumen, el informe de Article 19 evidencia que, mientras el discurso oficial presume eficiencia y modernización, la realidad muestra a un México donde el Estado ha dejado de ser garante del derecho a la información para convertirse en su principal amenaza.
El asunto es que, de seguir así, México continuará avanzando hacia un modelo en el que informar y saber son actos de riesgo. Es una advertencia que no debe ignorarse, pues, como bien lo dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 MX-CA, la verdad, hoy usada como moneda de cambio en el juego del poder, solo recuperará su valor si el gobierno y la sociedad civil trabajan juntos para eliminar las barreras que perpetúan la violencia, la opacidad y la impunidad, y buscan soluciones mediante el diálogo para fortalecer la justicia, los derechos humanos y la democracia.
A modo de exhortación reflexiva, concluyo parafraseando las palabras de la estadista y expresidenta de República de Kosovo, Atifete Jahjaga: La democracia se construye en sociedades abiertas, donde la información fluye, el debate enriquece y las soluciones surgen del diálogo colectivo. Sin un reparto equitativo del poder y sin rendición de cuentas, prevalecen el abuso y la corrupción. Por ello, es esencial recordar que la democracia requiere tiempo, acceso a la información y compromiso, con ciudadanos informados y gobiernos responsables.
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