MÉXICO- La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma sobre subcontratación laboral, que otorga 30 días de plazo a las empresas que emplean por ‘outsourcing’ para cumplir obligaciones de seguridad social a empleados, derechos al fondo de vivienda y otros compromisos fiscales.
“Con 373 votos en pro, 71 en contra y dos abstenciones, se avala, en lo general, dictamen que reforma disposiciones transitorias del decreto en materia de subcontratación laboral, publicado en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 23 de abril de 2021”, informó la Cámara de Diputados en su cuenta oficial de Twitter.
Los promotores de la regulación, que incluyen a legisladores del oficialismo y la oposición, argumentaron que la reforma regula las actividades de empresas “que han visto en la subcontratación un negocio con múltiples ganancias”.
El dictamen que se sometió a votación del pleno de la Cámara de Diputados fue elaborado y aprobado antes por las comisiones unidas de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social.
El punto de divergencia era el plazo otorgado a las empresas que suelen contratar anualmente a sus empleados para eludir el pago de derechos laborales y de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Legisladores de la bancada opositora proponían aumentar a cinco meses el plazo para que las empresas regularicen sus pagos a la seguridad social.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional esgrimió que de 70 mil empresas señaladas por esa práctica, en la que cada año se renueva el contrato, 25 mil 500 ya cumplieron con sus obligaciones legales, es decir, un 35%.
Ese avance ha beneficiado a 1.2 millones de trabajadores que fueron regularizados y registrados con derechos laborales, seguridad social y fondos de pensiones, pero faltan todavía más de dos millones.
Diputados de la oposición cuestionaron que la administración federal recibió un año de plazo para cumplir con la ley.
El actual Gobierno ha sido cuestionado porque también asignó contratos de por lo menos 240 millones de dólares a una docena de compañías dedicadas a ese esquema de subcontratación.
Hasta un 13% de la población pierde actualmente sus derechos de antigüedad, jubilación y seguridad social en las subcontrataciones anuales en este país.
Las autoridades mexicanas estiman que hay 4.6 millones de empleados en esquemas de subcontratación, sin registros claros.
La mitad de esos trabajadores labora en empresas grandes de más de 2 mil empleados, en la industria manufacturera, en turismo y en otros servicios.
Según la cartera federal del Trabajo, la manipulación de ese tipo de contratos se observa en la caída de empleo durante cada mes de diciembre, cuando nóminas completas de empleados son dadas de baja, para ser contratados de nuevo en cada enero siguiente, anulando la antigüedad de los empleados.
Con ese mecanismo se eliminan los derechos a la seguridad social establecidos en el artículo 123 de la Constitución de 1917 que surgió de la Revolución Mexicana, reformado cuatro veces, la más reciente en 1980.
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