MÉXICO- Una delegación de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió con representantes del Estado mexicano para revisar los avances del Caso Ayotzinapa, que el 14 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, dejó 43 estudiantes de magisterio rural desaparecidos, informó la Cancillería.
“Representantes del Estado mexicano se reunieron con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los 43 estudiantes de la escuela rural ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”, indicó un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Aquella fecha, un centenar de estudiantes de la escuela normal rural que viajaban en cinco autobuses fueron atacados a balazos por patrullas de cinco municipios de Guerrero, que dejó además al menos nueve personas asesinadas, y 27 heridas.
La visita de la delegación de la CIDH tiene el objetivo de “fortalecer los trabajos de cooperación y coordinación internacional para el caso Ayotzinapa, como el que actualmente existe con esta Comisión, para brindar asesoría técnica para su esclarecimiento”.
La reunión se realizó a 20 días de que se cumplan siete años de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, “los primeros cuatro años desgraciadamente, bajo la opacidad de las investigaciones”, según la Cancillería.
La vicecanciller para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, expuso en la reunión que uno de los pilares de la política gubernamental es la “colaboración y diálogo con los organismos internacionales en derechos humanos”.
Reafirmó que un compromiso del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es “el cumplimiento del derecho humano a la verdad”.
Esa verdad tiene una doble dimensión, explicó: la primera, el derecho de las víctimas y sus familiares a “conocer la identidad de quienes participaron”; y la segunda, el derecho de la sociedad a conocer “las razones y circunstancias en las que esos actos se cometieron”.
La comisionada y relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, destacó que el modelo de trabajo para el Caso Ayotzinapa ha servido de inspiración para otros grupos de trabajo en otros países del continente.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, resaltó que es una prioridad “robustecer los trabajos de judicialización”.
Para lograrlo, prosiguió, se necesitan todas las capacidades técnicas de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General y el fortalecimiento técnico con personal especializado en materia de desaparición forzada, tortura y derecho penal.
El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Cristopher Ballinas, dijo que “estos días de trabajo servirán para concretar una agenda de trabajo”.
Esa agenda fue acordada por el Gobierno, la CIDH y la representación de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para los siguientes meses.
En dos días de trabajo, la delegación de la CIDH se reunirá con representantes de la Fiscalía General, y del Gobierno.
La delegación de la CIDH está integrada por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, de manera virtual; la comisionada Arosemena; la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum; la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudio Pulido, y la coordinadora para México, Fiorela Melzi.
El pasado 1 de septiembre, López Obrador dijo en su tercer informe anual de Gobierno que de los 100 compromisos de campaña, solo le faltan dos: la descentralización del Gobierno federal, y encontrar la verdad del Caso Ayotzinapa, para conocer el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, de quienes solo han sido identificados los restos de dos.
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