La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de “alarmante” la cantidad de médicos que fallecieron durante la pandemia de Covid-19, así como las denuncias que recibió del personal de la salud por las condiciones de “trabajo precarias y riesgosas”en la que laboraron.
Lo anterior aunado a la negativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para vacunar a los trabajadores del sector privado que se encontraban en la primera línea de atención. Al hacer público el V Informe anual de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la CIDH lanzó un llamado a la Cuarta Transformación a “erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas” en México, tras la denuncias de aplicación de vacunas con jeringas vacías.
“La Relatoría Especial toma nota de la alarmante cantidad personal de salud fallecido en México como consecuencia del Covid-19, en concreto, se han registrado 4 mil 188 defunciones acumuladas entre trabajadores de la salud y 124 muertes sospechosas por Covid-19, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER)”.
En el documento se “urge al Estado a tomar medidas urgentes para la protección de los derechos de las personas trabajadoras del sector de la salud, toda vez que la protección de los derechos de las personas en dicho sector es fundamental para la garantía completa del derecho a la salud de la población”.
El informe de la relatora Soledad García Muñoz dijo que a partir de la información recibida por testimonios de personas trabajadoras del sector salud en nuestro país, del gobierno federal y de las organizaciones de la sociedad “se reportaron condiciones de trabajo precarias y riesgosas que pueden incidir en la alta mortalidad en el personal que labora en los servicios de salud. Lo cual incluye médicos, de enfermería y de apoyo que suele se invisibilizado”.
Esa relatoría fue creada como una oficina permanente y autónoma de la CIDH y tiene como fin apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
Entre sus funciones están el preparar el plan de trabajo de la relatoría, preparar informes generales y temáticos de la situación general de derechos humanos de los Estados y emitir recomendaciones a la CIDH sobre situaciones urgentes que podrían requerir la adopción de medidas cautelares o la solicitud de adopción de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, entre otros mecanismos.
