El Sector empresarial del país advirtió que la iniciativa presidencial para reformar al sector eléctrico aumentará el precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos y condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, con lo cual se frenará la tan necesaria inversión que el país requiere en estos momentos de crisis económica agravada por el Covid.
“Esta iniciativa, afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Asimismo acusó que esta reforma significa una expropiación indirecta que provocará mayores subsidios a la CFE justo en momento de crisis económica.
Acusó que esta reforma es una “expropiación indirecta” a las plantas privadas, que por dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abre un nuevo frente contra la inversión del sector empresarial, y provocará costos económicos y legales para el estado mexicano, en medio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
Reprocharon que pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración, ahora sin diálogo previo con los sectores afectados resulta “inexplicable” la presentación de la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, lo que abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia.
“La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, acusó el CCE que aglutina a los industriales, a los patrones, a los hombres de negocios, a los comerciantes, a los banqueros, productores del campo y exportadores del país.
El CCE pidió al poder legislativo una reflexión profunda y rechazar esta iniciativa, ya que afectaría gravemente a México pues aumentarán los precios de productos y servicios.
Además, los organismos privados advirtieron que de ser avalada la reforma al sector eléctrico provocaría una mayor caída en la inversión nacional y extranjera, justo en el momento en que se requiere mantener y generar empleos para la recuperación económica.
El sector empresarial mexicano aseguró que la iniciativa viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. “Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas”.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que encabeza Francisco Cervantes, explicó que al conceder facultades a las autoridades para revocar permisos de forma arbitraria y forzar la renegociación arbitraria o terminación anticipada de contratos energéticos, “condena al país a consumir energía cara y contaminante y, de convertirse en ley, generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de nuestro país en un momento crítico”.
El intento de reformar el marco regulatorio en materia energética en México no es novedad, porque desde el primer año del gobierno morenista se ha intentado frenar la inversión privada y dar revés a las leyes vigentes para regresar al monopolio, coincidió el IMCO.
La iniciativa de electricidad va en contra de lo resuelto por el Poder Judicial Federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.
De acuerdo con el análisis del CCE, la propuesta del Ejecutivo a tenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.
Lo anterior, sostuvo, generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
