A través de una carta difundida por su abogado, el exgobernador César Duarte, acusó a Javier Corral Jurado de haber entregado al estado al crimen organizado durante su periodo como mandatario estatal, además de que manipuló la justicia para distraer a la sociedad y alimentar el morbo público, pero sin atender las mínimas necesidad que la Justicia real para el pueblo.
La misiva fue difundida por su abogado Juan Carlos Mendoza Durán y surge a raíz que el juez Samuel Mendoza, reconoció que actuó bajo presiones del Ejecutivo estatal encabezado por Javier Corral Jurado para vincular a proceso a la entonces candidata a gobernadora, María Eugenia Campos Galván. En febrero de 2018 Duarte aconsejó a Corral mantener las «reglas no escritas» con el narcotráfico.
Lo que significaba dejarlos exportar drogas sin que ellos afecten a la población con otros delitos; a lo que Corral aceptó; sin embargo, no podía decirlo abiertamente.
Duarte entregó estas grabaciones a fiscales federales de Estados Unidos, mismas que se entregaron a la corte bajo sello.«Estos documentos y pruebas deben quedar bajo sello para proteger al funcionario corrupto de represalias del Gobernador Corral», dijo la defensa.
«De hecho, dadas las descripciones que hizo sobre lo que pasará al señor Duarte si regresa a México, debería temer lo que Corral le hará si se revela que fue grabado informando sus verdaderos planes para el señor Duarte», agrega. Añade que «sumado al hecho de que esencialmente describió al Gobernador Corral como un narcotraficante».
César Duarte envió el anterior mensaje a esta defensa a partir de las notas periodísticas que evidenciaron, no sólo el actuar de un juez en una causa penal en contra de la actual gobernadora, sino de los cientos de resoluciones judiciales en contra, tanto de su persona como de quienes, por su servicio al Estado de Chihuahua en su administración, fueron señalados como “Duartistas” y sin sentencia alguna señalados también como delincuentes.
Las declaraciones del Juez Samuel Mendoza hechas la semana pasada, fueron catalogadas por el Exgobernador como sólo un botón del gran muestrario de la intromisión y corrupción del gobierno de Javier Corral en el Poder Judicial del Estado; lo anterior dicho por él en referencia a que dichas acciones del Juez Samuel Mendoza desde luego, no son de ninguna manera las únicas que deben ser investigadas; más aún que, desafortunadamente, no fue de ninguna manera el único juez sujeto a la red de corrupción e injerencia inconstitucional del poder ejecutivo sobre el judicial, ni mucho menos la ahora Gobernadora la única que padeció estas arbitrariedades y resoluciones judiciales inconstitucionales y absurdas por parte de un Poder Judicial invadido por una brutal injerencia del Poder Ejecutivo.
Las acciones del Juez Samuel Mendoza son calificadas por el exgobernador y por esta defensa, como “peccata minuta”, es decir, como cosa menor, en comparación con la ya prácticamente incontable cantidad de resoluciones de esta naturaleza en contra de la desafortunadamente llamada “Operación Justicia Chihuahua” de la que el Ex Gobernador y muchos ex funcionarios junto con la ahora Señora Gobernadora, fueron víctimas.
Además de el ejemplo del Juez Samuel Mendoza, existen muchísimos más, entre ellos, uno de los más lamentablemente destacados es el de la Juez Alejandra Ramos, cuyas resoluciones fueron de enorme desafortunada trascendencia; ya que de entre sus múltiples faltas a su deber, se encuentra que su gran violación a su honrosa profesión fue entre muchas, la enorme cantidad de convalidaciones a todas las violaciones procesales, tanto de la Fiscalía del Estado como de la Función Pública en su calidad de denunciante, quien nunca le quiso poner un alto a sus violaciones al debido proceso como a las violaciones de derechos humanos de la Fiscalía del Estado.
Sus acciones no solo serán del recuerdo de la historia de una operación fallida, sino que serán un reclamo de conciencia ante la muerte de un hombre completamente inocente, como lo fue el caso de Lázaro Joaquín López; así como el hecho de haber obsequiado al Ministerio Público diversas órdenes de aprehensión sobre nuestro cliente el Lic. César Duarte, específicamente el de la causa penal que derivó en el proceso de extradición, orden librada a sabiendas de que la Secretaría de la Función Pública estaba violando el Debido Proceso al no haber investigado conforme a lo que la ley señalaba que era su deber, es decir, investigar primero la posibilidad de responsabilidades administrativas, tal como lo señala el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua en sus fracciones X, XV y XVI, y por el contrario, dicha Secretaría interpuso una denuncia de carácter penal sin haber investigado ni iniciado un procedimiento administrativo previo, violando el debido proceso; proceso que de haberse seguido, tal como quedó demostrado en la Audiencia inicial del Procedimiento Administrativo E.P.R.A. 054/2021 celebrada el pasado 13 de enero, audiencia donde quedó evidenciada no sólo la improcedencia de dicho Procedimiento, sino que todos los señalamientos descritos en los hechos de la denuncia presentada ante la Función Pública por Oscar Ruiz el 02 de agosto de 2018, en aquel entonces Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado, ignorada en su materia y después presentada como denuncia el 22 de noviembre del mismo año ante la Fiscalía del Estado por la Función Pública, ambas denuncias dieron lugar a dicho procedimiento la misma Ley General de Responsabilidades administrativas en su artículo 49 fracción X y párrafo segundo… de haber procedido y haberse comprobado, dichas faltas serían simplemente catalogadas por la misma Ley como no graves.
Por lo anterior, esta defensa a nombre de nuestro cliente y representado espera que las innumerables faltas y violaciones de los jueces, desafortunada pero inevitablemente llamados jueces de consigna sean investigados, todos y cada uno de ellos; ya que esta práctica parece continuar a meses del fin de la administración corralista, práctica violatoria de las garantías constitucionales y de los derechos humanos que parece no tener fin, ya que a la fecha se siguen violando el debido proceso y las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Ejemplo de ello lo encontramos al permitir que la Fiscalía del Estado viole flagrantemente la disposición para poder embargar bienes prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 138º y “dar por buena” la justificación de la Fiscalía del Estado al tener de nuevo por embargados los bienes que ella misma solicitó fueran retirados dichos embargos en septiembre pasado y días después los volvió a embargar sin fundamento alguno de manera arbitraria e ilegal … jueces que “dan por buena “ la absurda justificación de no entregarlos al haber fundamentado la fiscalía su omisión y desacato en el Código de Procedimientos penales del Estado de Chihuahua, Código que ya fue abrogado hace ya casi ocho años, cometiendo las mismas arbitrariedades y errores burdos de la Secretaría de la Función Pública de la administración corralista; ¿por qué lo permiten…? eso tendrán que explicarlo muy pronto; la explicación del Juez Samuel Mendoza será “pecata minuta” en comparación a las que tendrán que dar los jueces Alejandra Ramos, Erik Parada, Luis Carlos Flores, ; y desde luego, la Señora Lucha Castro y muy especialmente Javier Corral Jurado.
