MADRID- Socialistas y populares han llegado un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de datos.
Un día después de que el Partido Popular ofreciera al Gobierno sentarse a negociar para renovar los órganos constitucionales que tienen su mandato caducado, han conseguido llegar a un acuerdo que, sin embargo, no contempla la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque según ha anunciado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, continuarán negociando para renovarlo.
“Las conversaciones mantenidas entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, esta mañana, el Partido Socialista y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos”, señalan desde el Ejecutivo.
“Es importantísimo para el Gobierno haber alcanzado este acuerdo”, ha dicho le ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España en unas declaraciones a la prensa.
Bolaños considera importante “que empecemos a normalizar las instituciones democráticas, que empecemos a prestigiarlas y que consigamos que la democracia, que las instituciones que vertebran nuestro estado democrático de derecho funcionen con normalidad”.
Bolaños ha insistido en que desde el Gobierno siempre se han mostrado dispuestos a negociar y que siempre han buscado el consenso y el acuerdo para cumplir con la ley y con lo que dice la Constitución, asegurando que espera que esta voluntad de acuerdo también alcance al Consejo General del Poder Judicial.
Para actualizar el Poder Judicial, el PP reclama que se modifique el sistema de elección de sus integrantes para que recaiga exclusivamente en los jueces, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez descarta.
De acuerdo con la legislación actual, el proceso de elección de los vocales del CGPJ recae en el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras del Parlamento español.
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