La farmacéutica estadounidense Pfizer ha sido acusada de “intimidar” a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones para venderles la vacuna contra el Covid-19. La empresa pidió a algunos países que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía para reembolsar los costos de cualquier futuro litigio.
Los altos requisitos al negociar las condiciones del suministro de vacunas provocaron meses de retraso en los acuerdos con algunos países. Argentina y Brasil, por su parte, no aceptaron las exigencias de Pfizer y decidieron rechazar la vacuna.
El caso ha sido investigado y revelado por La Oficina de Periodismo de Investigación (The Bureau of Investigative Journalism, TBIJ) en conjunto con el medio peruano Ojo Público.
Los funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no pueden ser identificados ya que firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, afirmaron que los negociadores de la compañía exigieron una serie de indemnizaciones contra reclamos civiles, tanto por efectos adversos de la vacuna, como por su propia negligencia.
Según Pfizer, cada gobierno debe pagarle una indemnización para cubrir cualquier costo de compensación que pueda surgir de los casos civiles presentados por los ciudadanos relacionados con efectos adversos graves después de una vacuna.
La compañía exige también una indemnización adicional cuando un Gobierno acuerda cubrir a la empresa los costos potenciales de los casos civiles iniciados como resultado de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia, destaca la investigación.
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