Dr. Fernando A. Herrera M.- El 17 de octubre, la Fiscalía General de la República acusó al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, de traición a la patria por creer que permitió que agentes de la CIA participaran en el operativo de abril en El Pinal. Allá se desmanteló un laboratorio de fentanilo y, al regreso, en un accidente, murieron cuatro personas, dos de ellas estadounidenses.
Hoy, Jáuregui está con prisión preventiva oficiosa en el Altiplano, una prisión de máxima seguridad. El sábado 24 un juez decidirá si lo vincula o no a proceso.
La forma en que llegó ahí solo alimenta una sospecha. La Fiscalía de Chihuahua, después de seis meses, recordó los hechos y lo detuvo por delitos menores; por los que un juez estatal le dio libertad condicional y, lo raro, fue que justo al salir, ya lo esperaban agentes federales. ¡Qué gran coincidencia!
Claudia Sheinbaum, que acusaba a la gobernadora de traición a la patria, y detrás de ella, la presidenta de Morena y cien morenistas más, ahora dice que la FGR no tiene pruebas contra la gobernadora y que fue el propio estado de Chihuahua quien imputó a su exfiscal.
Lo que no dice es que le imputaron por cargos menores y que fue seis meses después de los hechos de El Pinal, y que les avisaron para que fueran por él. Campos, por su parte, asegura que la ley se aplica sin distinción.
Lo que tampoco explica es cómo fue que se tardaron seis meses para una investigación que concluyó en delitos menores y, además, no dice nada de que uno de los subordinados del exfiscal fue quien declaró en su contra, bajo promesa de dejarlo ir por parte de la fiscal que investigó el caso.
Y qué raro que la acusación que le hacían a ella se trasladó a su mentor, porque no se trata de un excolaborador sino del hombre que hizo posible toda, sí, toda su carrera política. Eso es traición, no a la patria, sí al honor, sí a la gratitud que mi abuela siempre me dijo que una vez que la sientes es eterna.
No hay evidencia pública de un acuerdo, pero sí hay de la reunión en septiembre en la que ambas, gobernadora y presidenta, decidieron proceder contra quien ahora lo tienen en prisión en el Altiplano.
Raymundo Riva Palacio agregó esta semana un dato clave: El Pinal fue el tercer operativo de la CIA con la Agencia Estatal de Investigación en el año, después de Ojinaga y Santa Bárbara. Si hubo tres, ¿es creíble que nadie del gobierno estatal y federal supiera?
El columnista coincide con el gobierno federal en que se violó la Ley de Seguridad Nacional, pero sostiene que, por eso mismo, debe procederse contra la gobernadora y no solo contra Jauregui.
La acusación reabre una comparación incómoda. En julio se difundieron audios en los que la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofrece información de seguridad a supuestos intermediarios de agencias estadounidenses ante posibles cargos en su contra. Ella admite la conversación, pero dice que se refería a la coordinación institucional normal y que fue víctima de una emboscada. Sheinbaum se apresuró y concluyó que no había delito que perseguir.
El tercer caso es el único que coincide con la letra del artículo 123 del Código Penal Federal, que castiga a quien prive de la libertad a alguien para entregarlo a otro país. Joaquín Guzmán López llevó a Ismael “el Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024 y lo reconoció ante una Corte de Chicago.
La FGR pidió su captura ese año; un juez la negó y la Fiscalía retiró la solicitud. Hoy no hay orden vigente en México, ni solicitud de extradición en su contra.
Para los ciudadanos todo esto parece raro y despierta desconfianza. Primero, creemos que defender a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, es lo correcto, porque es otro país el que dice que es un narcopolítico, pero luego vemos que se castiga a quien tumbó un narcolaboratorio.
La neta, nos la ponen muy difícil. No es que seamos brutos, pero sí está cañón entender. Para el gobierno son conductas distintas: un fiscal no puede trabajar con agentes en tareas reservadas a la Federación y el objetivo del operativo no importa, tampoco el resultado. Lo que importa es que había dos que no debían estar y que luego de tres operativos nadie sabía nada hasta que ocurrió el accidente. La neta, ta muy raro.
Las posturas de la presidenta y de la gobernadora siembran preguntas: la presi dijo en la Mañanera que César cometió delitos y que Marina Del Pilar no.
La gobernadora peleó como lo hacemos los norteños y fue apoyada por todo el estado. ¿Y de pronto nos sorprende con esto? Ta cañón pa entender. Deberían decirnos qué diablos pasó. Pero no lo creo. La política en México es sucia, ha sido sucia y seguirá siendo sucia, pero no por la política sino por algunos políticos.
Ahora resulta que ya no hay pleito. Que se reconciliaron por el bien del Estado y de la Nación.
Deberíamos aplaudir eso. Y lo haríamos. Pero sacrificaron a una persona inocente.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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