Alejandro Zapata Perogordo.- El presidente está obsesionado en sacar adelante su proyecto de nación al que ha denominado la 4T, a diario hace referencia a éste, sin que nadie sepa a ciencia cierta de qué se trata, únicamente nos percatamos que toma todo tipo de decisiones y se introduce a áreas que ni siquiera son de su competencia, pues lo mismo sustituye a la Fiscalía que al Poder Judicial, como también se dedica a la venta de billetes de lotería.
Desde que llegó al cargo se ha dedicado a golpear políticamente a sus adversarios a quienes no perdona el haber perdido las campañas electorales de 2006 y 2012; en un principio al expresidente Peña Nieto ni siquiera lo mencionaba, arremetía contra Fox y Calderón, pero ahora que surge a la luz el popular video de su hermano recibiendo dinero, curiosamente lo sube a las críticas en sus mañaneras.
Por supuesto le gusta el circo y el pleito, personalidad que lo ha caracterizado durante toda su vida dejando fiel testimonio de ello, aunque no es lo mismo ser candidato que ocupar la más alta magistratura del país, de lo cual parece no darse cuenta y sigue en campaña arremetiendo contra todo aquel que se le atraviesa.
Ha tomado como bandera la honestidad valiente y el combate a la corrupción, aspectos relevantes y necesarios; sin embargo, sus acciones no pasan de ser meros espectáculos mediáticos que inclusive han puesto en ridículo a las pocas instituciones serias que aún quedan en el país, al anteponer su interés de grupo frente al general.
Mientras el país se cae a pedazos por las crisis que atravesamos y su imprudente manejo, ahora sale con otra ocurrencia electorera: hacer una consulta pública para proceder penalmente en contra de los expresidentes, bajo el argumento falaz de que únicamente pueden ser juzgados por traición a la Patria, cuando ese párrafo contenido en el artículo 108 constitucional, solo es aplicable cuando se encuentren en funciones, lo que no es el caso.
Ahora bien, si considera que los expresidentes cometieron delitos durante su encargo, no existe ninguna disposición legal para llevarlo a consulta pública; por el contrario, su obligación consiste en presentar las denuncias ante las instancias competentes. Si cuenta con los elementos suficientes, no es una cuestión de voluntad personal sino el cumplimiento de un deber institucional, su omisión inclusive puede adecuarse como típicos de encubrimiento o complicidad.
Es obvio que conoce las reglas del sistema y los recovecos de la política mexicana; en ese entendido, podemos afirmar que, por supuesto, no le interesan la Constitución ni las leyes, su preocupación se ubica en el ámbito electoral y la conservación del poder, cree fervientemente que las instituciones tienen que adecuarse a su perfil personal, bajo la premisa de El Estado Soy Yo.
En ese orden, vivimos en un mundo surrealista, donde la vida, las libertades, el orden jurídico y el Estado de Derecho, prácticamente se encuentran en riesgo latente al verse amenazados por un régimen que atenta recurrentemente contra los más elementales principios democráticos contenidos en el pacto social. Así las cosas, estamos obligados a defender nuestros derechos.
