Dr. Fernando A. Herrera M.- Este día se volvió de esperanza y renovación de confianza en la justicia, debido a que, pese a los años transcurridos, finalmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, dio a conocer la resolución del Amparo en Revisión 2055/2024, promovido por el abogado Irving Anchondo, mediante la cual se ampara y protege a su representado y a su familia, al tiempo que deja sin efectos la determinación emitida por un Juez de Distrito que había validado la decisión del no ejercicio de la acción penal tomada por el Ministerio Público de la FGE.
Con esta resolución se revoca y se ordena reabrir la investigación por considerar que existen elementos suficientes para que se investiguen los hechos denunciados en contra de Carlos Emanuel A. (alias “El Meño”) por el delito de extorsión y de Maclovio M. Ch., quien habría participado en los hechos de la extorsión, en su calidad de funcionario público, durante su encargo como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Chihuahua, lo cual, se constituye como agravante.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 376 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito de extorsión contempla penas de entre 15 y 40 años de prisión y es un delito imprescriptible que no permite beneficios como la prisión en modalidades especiales, como son la libertad anticipada, la condena condicional, sustitución de sanciones o cualquier otro beneficio preliberacional.
De los hechos se desprende que haciendo uso del nombre y la investidura del entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y aprovechando que ambos eran socios en un despacho jurídico, Carlos Emanuel A. amenazó a la víctima durante visita al CERESO No. 1, donde le aseguró contar con fotografías y videos que demostraban que su familia estaba siendo seguida y vigilada, con el objetivo de conseguir que le pagara seis millones de pesos, que al no poder reunir en su totalidad, tomó la cantidad parcial, pero aun así cumplieron las amenazas contra él y su familia.
Otra conclusión que esgrime el abogado es que en realidad la famosa operación conocida como “Justicia para Chihuahua”, en realidad fue utilizada para enriquecerse a costillas de las víctimas.
La defensa legal informó que, además de solicitar la pena de prisión correspondiente en la audiencia inicial, se promoverá una reparación integral del daño, estimado en un monto cercano a 40 millones de pesos, que incluye honorarios legales, así como la indemnización por el daño material, psicológico y moral causado al afectado y a su familia. Al final de la entrevista, el abogado defensor señaló:
Por respeto al debido proceso y con el objetivo de proteger la integridad y seguridad de la víctima, la defensa reserva el nombre de su representado, quien ha recibido amenazas provenientes de Carlos Emmanuel A. (alias “El Meño”), hechos por los cuales ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
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