Alejandro Zapata Perogordo.- En una sorpresiva sesión del Instituto Nacional Electoral, convocada para declarar la validez y, por ende, los resultados de la elección para integrar el Poder Judicial, la que se daba por hecho que sería de mero trámite, sin embargo, algunos consejeros dieron cuenta que aún conservan algo de dignidad.
Los visos de cooptación por el oficialismo del INE, era un factor que se daba por hecho, desde la distribución de los legisladores plurinominales donde le dieron a Morena y aliados curules y escaños en ambas Cámaras en un porcentaje que no obtuvieron en las urnas y, que prácticamente les permitía contar con mayorías calificadas para reformar la Constitución.
En esa medida, la cerrada votación en la sesión para emitir la declaratoria de validez de la elección de ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, causa asombro, sobre todo al advertir que muchos de los argumentos que ahí presentaron los disidentes, fueron precisamente los mismos que con antelación figuraban ante la opinión pública.
Vale decir, inclusive, que son coincidentes con los señalados en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en el fondo se hace consistir en una elección de Estado, no recomendable a países de corte democrático.
Al respecto, viene a confirmar el cúmulo de irregularidades presentadas durante el proceso electoral; eso sin tomar en consideración todas aquellas que desde la reforma al pacto fundamental se hicieron patentes en el curso del desarrollo parlamentario, que también tiene lo suyo.
Cabe agregar, que no existe reconocimiento de ningún país sobre el tema, ni felicitación y menos comentario que indique siquiera indicio de aprobación a la medida adoptada; como tampoco expresiones de festejo o júbilo popular; por el contrario, la baja participación en los comicios es un indicador de rechazo.
Ante la comunidad internacional somos un país que incursiona rápidamente a un sistema autoritario, dando los pasos hacia una dictadura con rasgos fascistoides, pues por más que pretenda esconder esa faceta bajo el escudo de un régimen democrático, esa careta se vino abajo en las pasadas elecciones, mostrando su verdadero rostro.
Los controles impuestos son verdaderas camisas de fuerza al utilizar el poder del Estado en contra de quien no obedezca; por esa razón, resulta muy significativa la rebelión de cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes no solamente votaron en contra de la consigna, sino además evidenciaron con argumentos el entramado oficial.
Así, dejaron al descubierto una serie de irregularidades cometidas y destinadas a incidir en la voluntad de los votantes, vulnerando la libertad y secrecía del sufragio, elementos indispensables en cualquier proceso electoral que se precie de ser democrático; en paralelo, se exhibieron votaciones en casillas superiores al número de electores y boletas sin doblez, las que se conoce como planchadas.
Es una paradoja que se elija a quienes deben impartir justicia con apego a la legalidad y ser imparciales, cuando han surgido de un proceso plagado de inconsistencias.
Existen motivos suficientes en el campo del derecho para impugnar el proceso electoral; no obstante, cuando venga la resolución de Tribunales internacionales, el atraco se habrá consumado.
