Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- De los abusos del poder en el fatídico quinquenio del corralato, falta relatar un sinfín de atrocidades que fueron cometidas con premeditación, alevosía y ventaja y, pasando, por supuesto, por encima de la ley.
Por ejemplo, a Raymundo Romero, ex secretario de Gobierno, lo sacaron de su casa con engaños a través de una mujer policía que tocó la puerta pidiendo un vaso con agua, luego salió a la puerta a despedirla y ahí lo arrestaron sin orden de cateo, ni orden de aprehensión, tampoco siquiera una de presentación.
Así fue capturado y llevado a la cárcel de San Guillermo, lo desnudaron el 24 de diciembre del 2019 en el patio, luego de tenerlo una hora bajo la lluvia. Raymundo tenía cáncer nivel 4 pero no les importó, aun así, lo desnudaron y lo metieron a la cárcel. Recibió 41 sesiones de radio para el cáncer y tomaba tratamiento para inhibir la testosterona para tratar su cáncer. Los sapos que acusaron falsamente a Romero fueron Mario Trevizo, Luis Raúl Chávez y Jaime Herrera Corral.
Hoy Raymundo sigue en libertad condicional, pero su encarcelamiento con violación al debido proceso y pasando por encima de la ley no es cosa fácil de superar, ni para él ni para su familia. La acusación fue por la compra de un predio en Guachochi de 40 hectáreas en 20 millones de pesos y que a través de un perito dijeron que solamente valía 6 millones.
Lo raro es que el predio se compró en 2011 y Romero llegó a la Secretaría General en 2012. No les importó. Los sapos lo culparon a él siendo que el Comité del Patrimonio Inmobiliario estaba conformado por 11 funcionarios. Y el comprador fue Hacienda, nunca la secretaría. Raymundo era solo uno de los 11 miembros del comité.
Pidió en febrero 4 de 2020 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicitaran el video de su desnudo en temperatura bajo cero para presentarlo como prueba, pero hasta la fecha la Comisión no ha contestado la petición.
Terquedades
Presos de consigna, presos políticos que siguen padeciendo de la mezquindad de autoridades del anterior gobierno y que el actual Tribunal Superior de Justicia no tiene ganas o no se le da la gana de finiquitarlos y devolverles la vida y prestigio robados, sin mencionar que también fue extorsionado como todos los perseguidos de los llamados Expedientes X.
Seguimos en espera de que el TSJ entienda su función y la lleve a cabo. No es comprensible la insensibilidad mostrada hasta hoy. Esta es violencia pasiva contra todos ellos. El predio es propiedad del estado y ahora vale el triple de lo pagado. Y si él no compró, ni pagó, ni hizo el trato, ¿cómo pudo robar el diferencial del dinero? Los sapos saben si hubo o no ese delito, pero por sapear ni los molestaron. ¡Ah y andan tan campantes por todos lados!
