Rafael Espino.- Similar a lo que ha venido sucediendo en México, que dio origen al embate ejecutivo en contra del Poder Judicial federal, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en nuestro vecino del norte el presidente Donald J. Trump se enfrenta a su poder judicial federal, al que considera un obstáculo en la instrumentación de sus políticas públicas y lo acusa de estar altamente politizado y de atender intereses diversos a la simple impartición de justicia.
Públicamente el presidente Trump ha declarado que no permitirá que juzgadores no elegidos popularmente pasen por encima de las decisiones presidenciales. Los jueces estadounidenses, en contrapartida, se han manifestado en el sentido de que el presidente no puede pasar por encima de la ley, lo que ha llevado a la nación estadounidense a la antesala de una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles.
En efecto, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos ha desarticulado, al menos temporalmente, la guerra arancelaria desatada en este segundo mandato del presidente Trump, al declarar ilegales los aranceles generalizados decretados, de todos conocidos, en virtud de una ley de poderes de emergencia.
El tribunal mencionado considera que el presidente no puede invocar una ley tan excepcional, para un asunto que además debería ser resuelto por la Cámara de Representantes. No obstante, la batalla judicial sigue sin resolverse, ya que el gobierno apeló el fallo y el Tribunal de Apelaciones de Washington D.C. decidió dejar sin efectos la sentencia, en tanto no se entre al fondo del asunto.
Por su parte, el presidente Trump ya ha manifestado su intención de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia estadounidense, en donde cuenta con una mayoría de jueces afines a su causa. En diversas ocasiones, miembros de su gabinete han expresado que la aplicación del fallo del Tribunal de Comercio Internacional generaría un “escenario catastrófico para la política exterior” y una amenaza para las negociaciones con otros países.
De particular atención el que los tres jueces del citado tribunal federal con jurisdicción sobre el comercio estimaron unánimemente que el Ejecutivo transgredió la ley ordinaria y la constitución estadounidense, con sus aranceles recíprocos a todo el mundo y muy particularmente con los impuestos a sus socios comerciales México y Canadá, así como a China, bajo el pretexto de que han sido omisos en combatir desde sus trincheras el tráfico del fentanilo a suelo estadounidense y la inmigración ilegal.
El tribunal razonó que con su orden el presidente Trump vulneró el principio de separación de poderes, al invadir las competencias exclusivas del Congreso estadounidense, haciendo uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEPPA), al establecer y eliminar caprichosamente aranceles ilimitados a bienes de prácticamente todos los países del mundo.
Textualmente señaló que “El tribunal no interpreta que la IEPPA confiera tal autoridad ilimitada y anula los aranceles impugnados en virtud de esta”. Como consecuencia los jueces prohíben permanentemente su aplicación.
Si bien es cierto que Trump pudiere recurrir a otras facultades legales para imponer aranceles, ninguna le da poderes tan amplios como los que invocó en virtud de le IEPPA. La sentencia es clara en negar la legalidad de estos poderes de emergencia como fundamento de las órdenes generales dictadas por el presidente estadounidense.
De pronóstico reservado lo que termine resolviéndose en el poder judicial federal estadounidense, que sin duda –como en México– marcará un nuevo rumbo en la relación entre el ejecutivo y el judicial estadounidenses.
