Aída María Holguín Baeza.- Se acerca el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y, en el caso de México, esta fecha invita a reflexionar sobre una disyuntiva fundamental: ¿será la conectividad una vía hacia el desarrollo con justicia social o un mecanismo de control y exclusión?
Y es que en una época en la que las telecomunicaciones atraviesan cada aspecto de la vida cotidiana –educación, salud, trabajo, participación democrática, etc.–, no basta con tener acceso a la tecnología, sino que es urgente garantizar que ese acceso sea libre, equitativo y respetuoso de los derechos humanos.
Sí, es cierto que México ha avanzado en infraestructura digital, pero millones de personas, especialmente en zonas rurales, indígenas y marginadas, aún carecen de acceso a Internet, lo que profundiza las desigualdades. Además, estar conectado no garantiza una ciudadanía plena si no se protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.
En este contexto, preocupa la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y es que, tal como ha alertado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la propuesta otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones amplias facultades para bloquear plataformas digitales por solicitud de “autoridades competentes”, sin necesidad de una orden judicial ni criterios claros, lo que podría vulnerar derechos digitales.
Una medida de esta naturaleza representa una forma de censura previa, prohibida por la Constitución y tratados internacionales, al permitir restricciones arbitrarias a la libertad de expresión en Internet sin control judicial. Bloquear plataformas completas sin justificación verificable pone en riesgo el debate público y la libre circulación de ideas.
Además, la reforma plantea un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil sin garantías de protección de datos, retomando el modelo del PANAUT invalidado por la SCJN en 2022, y permitiría también a las autoridades bloquear señales de telecomunicaciones sin supervisión, lo que podría derivar en apagones digitales, una práctica ya utilizada en otros países para restringir derechos.
Aunque la propuesta incluye elementos positivos, como una mejor definición del principio de neutralidad de la red, estos avances no bastan para justificar los riesgos significativos que plantea en términos de privacidad, libertad de expresión y posibles abusos de poder.
El caso es que, lejos de promover un entorno digital más democrático, la reforma propuesta refuerza una lógica de vigilancia y concentración del poder tecnológico en el Estado, bajo el pretexto de regulación. La transformación digital, en cambio, debe estar guiada por la inclusión, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Por eso, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, se impone la necesidad de revisar a fondo el rumbo del desarrollo digital. Más allá de expandir la cobertura, lo esencial es que la conectividad contribuya a construir una sociedad más justa, libre e informada.
Las decisiones que tome hoy el Congreso serán determinantes para el futuro digital del país, por lo que resulta indispensable un debate amplio, técnico y participativo que garantice que los derechos humanos no sean una consecuencia, sino el fundamento mismo de la reforma, en el entendido de que sin derechos no hay verdadera conexión.
A modo de principio orientador, concluyo parafraseando lo dicho alguna vez por el ex Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Houlin Zhao: La verdadera transformación digital no se logrará solo con infraestructura, sino garantizando acceso asequible, políticas inclusivas y una conectividad que respete los derechos humanos y reduzca las brechas sociales.
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