Diputado Benjamín Carrera.- El pasado 3 de mayo, casi como un eco de lo que ocurriría en 2022, se lanzó de nuevo una amenaza por parte del recaudador de la Zona Norte, quien anuncia que se cobrará una multa que es por demás desproporcionada -e incluso está fuera del tabulador que establece los costos de las sanciones- a quienes circulen con lo que se considera, placas extemporáneas. Y digo “se considera” ya que, a diferencia de otras entidades en las que se establece puntualmente la duración de las placas, en Chihuahua estamos a merced de aquella autoridad que considere que es momento de llevar a cabo un “re-saqueo”… perdón, replaqueo.
Ya se fueron los beneficios de enero y llegaron los cobros de mayo. En 2022 la amenaza se lanzaba para aquellos infractores que osaran no acceder al replaqueo: se les cobrarían cerca de 5 mil pesos; este mayo el monto ha aumentado a los 6 mil pesos, a diferencia de los estímulos y beneficios para la ciudadanía, que son escasos y limitados.
Sin duda alguna, el gobierno estatal hace negocio de una de las más sentidas demandas de la población: de la seguridad. Uno de los argumentos que en su momento se utilizó para el cambio de placas, fue que éstas se integrarían a una plataforma tecnológica de avanzada, garantizando a quienes las portaran la protección de las corporaciones centinelas, lo que resultó un mal chiste: parte de la infraestructura de Plataforma “Centinela” es desmantelada por criminales e incluso usada para exhibir sus actos.
Por otra parte, si tomamos en cuenta que, el pago por revalidación vehicular, realizado sin acceder a ninguno de los estímulos previstos para inicios del año, incluyendo la verificación documental, el impuesto universitario, la contribución a la Cruz Roja Mexicana, así como el derecho vehicular, el pago por la dotación de placas nuevas y la expedición de la tarjeta de circulación suma un total de 3 mil pesos, y que la multa que se pretende imponer es de 6 mil pesos, es por demás desproporcionado. Habría que tomar en cuenta que, quienes resulten multados y quisieran regularizar su situación, pagarían 9 mil pesos (entre el pago de la deuda y el pago de la multa) y eso suponiendo que no se tiene algún otro adeudo previo.
Lo anterior solo muestra que, lamentablemente esta política recaudatoria es heredada por el gobierno anterior -aunque insistan en desmarcarse de las malas prácticas- en perjuicio de las familias chihuahuenses, justo en el momento que necesitan más apoyos que cargas.
Por nuestra parte, apoyaremos cualquier medida que estimule el pago puntual y reconozca la responsabilidad ciudadana mediante cobros justos y proporcionales que tome en cuenta las condiciones de las y los contribuyentes chihuahuenses. Lamentamos que el gobierno no opte por medidas que apoyen a la economía familiar, pero, sobre todo, que esperen exigir de la ciudadanía un compromiso que esta administración no ha tenido por mostrar resultados y beneficios tangibles.
Precisamente, a principios de año, Morena en el Congreso propuso transitar a un esquema de placas permanentes, que atienda a la vida útil de los metales en tanto no haya deterioro de los mismos o bien, que el vehículo haya cambiado de propietario, propuesta que duerme -no a voluntad nuestra- el sueño de los justos por no convenir a los intereses de unas cuantas personas.
La actual administración ha dejado tanto a desear a la ciudadanía y tan pronto, que podemos cerrar diciendo algo breve y puntual a Gobierno del Estado: si no me ayudas, no me… quites.
