Alejandro Zapata Perogordo.- En una resolución sin precedente, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal como lo habían señalado en su momento especialistas en la materia, confirma que en dos de las tantas mañaneras, acaecidas en la primera quincena del mes de mayo de 2023, el presidente López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.
Se establece que al desplegar la conducta motivo de la causa hizo uso de recursos públicos y programas sociales; promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, ampliando esa responsabilidad también a diversos servidores públicos, además del titular del Ejecutivo.
Es evidente que la Sala en cuestión se queda corta, aspecto además explicable al advertir que su estudio solamente contempla dos mañaneras; sin embargo, fue palpable la intromisión del Ejecutivo en todo el proceso electoral, con la intención de inclinar la balanza para favorecer a su candidata, propósito que sin duda se cumplió.
Baste decir que durante esos ejercicios mañaneros mencionó a Claudia en más de trescientas ocasiones y habló en contra de Xóchitl Gálvez alrededor de noventa. Eso sin contar la ceremonia de entrega del bastón de mando, a todas luces irregular al ser un evento eminentemente proselitista.
En general, el proceso electoral estuvo plagado de inequidades, la compra de voluntades, el ejército de servidores de la Nación operando casa por casa con los programas sociales condicionando el voto, el reparto indiscriminado de despensas y todo tipo de utilería, exceso en gastos de campaña y hasta la manipulación en las casillas alterando los resultados.
Cosa curiosa: Después de las elecciones no se han visto expresiones de júbilo entre la gente, tampoco muestras de alegría o vítores; por el contrario, lo que se ha contemplado es un silencio que se asemeja al sospechosísimo de la complicidad.
Independientemente de los resultados, pues en democracia se gana o se pierde, lo importante es la observancia de las reglas establecidas para llevar a cabo procesos equitativos, mediante los cuales se pueda ejercer el voto de manera libre, universal y secreta.
Atendiendo esos principios fundamentales, es posible fortalecer la cultura democrática y, a la vez, exigir a los servidores públicos el cumplimiento de su responsabilidad y la rendición de cuentas.
En caso contrario, como acontece, el cargo se lo deben a una persona y no al pueblo que votó por ellos, le rinden cuentas a su jefe político y a este mismo le dan su lealtad, no les interesa el país sino mantenerse en el poder, aun a costa de traicionar los principios más elementales.
La resolución que nos ocupa, si bien, no tiene en contra del Ejecutivo sanción alguna, por el régimen especial a que está sujeto; sin embargo, se puede apreciar como un jalón de orejas que se extiende a toda su camarilla.
En efecto, esa ejecutoria no puede pasar desapercibida. Es un testimonio oficial relevante que pone al descubierto -aunque sea de manera parcial- todo el entramado fraguado desde las más altas cúpulas del poder con fines de permanencia.
Esos actos, atribuidos al Jefe de Estado, son conductas en contra del propio Estado.
