El Senado de la República -por conducto de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos Primera- inició la dictaminación de la reforma integral de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que modifica más de 100 artículos, y en cuya discusión se integrará la problemática que identificó el senador Juan Carlos Loera De la Rosa en su iniciativa para combatir la impunidad en materia de introducción de armas o sus piezas, así como la urgencia de imponer sanciones más severas por esta acción.
La iniciativa propuesta por el senador chihuahuense busca que los traficantes que utilicen esta modalidad puedan ser sancionados por el delito de introducción clandestina o ilícita de armas, sus partes o cartuchos. Y su aportación será uno de los ejes en la modificación de esta ley.
Las comisiones dictaminadoras coincidieron en que la génesis planteada por Juan Carlos Loera respecto al vacío legal en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar la introducción de armas o sus piezas es una problemática urgente de atender en la frontera norte.
Este vacío ha sido aprovechado por los traficantes para introducir, almacenar, comercializar, usar y ensamblar armamento dentro del país. Actualmente, aun cuando las autoridades policiales, aduaneras o de la Fuerza Armada Permanente detectan el ingreso ilegal de partes sueltas de un arma o sus cartuchos, y además sí éstas se encuentren a la vista y no en compartimentos ocultos, se cae el supuesto de la clandestinidad; ante ello, los jueces suelen reclasificar los delitos a posesión simple. Así las personas traficantes pagan una multa y evaden la acción de la justicia.
En México, existe un alto índice de introducción clandestina de armas de fuego de diversos calibres; sin embargo, entre el 2013 y el 2024 únicamente ha habido 37 sentencias condenatorias a nivel nacional por el delito de introducción clandestina.
“Al contrarrestar el tráfico de piezas de armamento y no limitarse únicamente a armas completas, esta reforma cierra importantes brechas legales que han sido explotadas por estas redes. Esto facilita el trabajo de las autoridades al reducir los canales de abastecimiento y limitar los recursos disponibles para los grupos delictivos”, establece la iniciativa impulsada por Loera.
