En torno a mil 200 presos podrían salir de las cárceles mexicanas gracias a una ley de amnistía recién aprobada por el Senado para sentenciados por delitos no graves y a las medidas que prepara el gobierno federal para excarcelar a presos en riesgo, indicó el martes Juan José García Ochoa, responsable de la política de reinserción del sistema penitenciario federal.
En entrevista con The Associated Press, el funcionario estimó que los afectados por la ley de amnistía avalada el lunes serían unos 800 presos menos de los dos mil 600 que calculó el Senado.
En su mayoría son personas sentenciadas por posesión o transporte de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales o indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
Otros 400 reos podrían verse beneficiados por la “adecuación de la medidas de seguridad” que se han previsto con motivo de la epidemia para adultos mayores con algún tipo de factor adicional de riesgo y para mujeres embarazadas. Esto podría conllevar, entre otras cosas, arrestos domiciliarios y, a diferencia de la amnistía, podría afectar no sólo a sentenciados sino a personas con el proceso abierto.
El objetivo, explicó García Ochoa, es reducir en lo posible el riesgo de contagio entre presos federales, unos 17 mil, pero recordó que el grueso de las personas privadas de la libertad son presos comunes que están en cárceles estatales y a quienes no afectan estas medidas. En esos casos cada estado es el que tiene el poder para tomar las medidas que considere pertinentes.
