Aída María Holguín Baeza.- El tiempo pasa y, a pesar de las reiteradas alertas de actores sociales, académicos y ONG, la publicidad oficial en México sigue siendo una asignatura pendiente.
La Ley General de Comunicación Social (LGCS), vigente desde 2018, ha sido insuficiente para garantizar equidad, transparencia y, sobre todo, la libertad de expresión.
Desde la sentencia de la SCJN en 2021, que ordenó al Congreso reformar la ley, los avances son mínimos. En lugar de una reforma profunda, el sistema sigue perpetuando la asignación discrecional de recursos, otorgando a los gobiernos un poder excesivo sobre los medios y favoreciendo la censura indirecta, ya que los medios, por miedo a perder recursos, suavizan su cobertura crítica hacia el gobierno.
Un informe reciente de ARTICLE 19 y Política Colectiva sobre el gasto en publicidad oficial en 2024 muestra que, aunque el gobierno federal ha reducido sus gastos, sigue concentrando recursos en unos pocos medios, limitando así la pluralidad. Mientras tanto, los gobiernos estatales han aumentado significativamente su gasto publicitario, superando los presupuestos aprobados.
Esa disparidad refleja una tendencia preocupante dado que los estados se han convertido en actores clave en la asignación de recursos, incrementando el riesgo de manipulación de la información y de premiación a medios afines al gobierno. Así, el uso indiscriminado de la publicidad oficial, sin transparencia, pone en peligro la independencia de los medios y erosiona la confianza pública.
Ante esta situación, es urgente que el Congreso reforme la LGCS –tal como lo ordenó la SCJN– para garantizar criterios transparentes y objetivos en la asignación de recursos publicitarios, en el entendido de que la publicidad oficial debe cumplir su propósito de informar a la ciudadanía, con reglas claras que eviten el uso político de los recursos.
Y sí, aunque el gobierno federal ha recortado gastos, los estados han aumentado su poder en la asignación de recursos, poniendo en riesgo la pluralidad mediática y aumentando la censura indirecta. Entonces, para proteger la libertad de expresión y asegurar una comunicación pública plural y transparente, urge una reforma de la LGCS que establezca criterios claros para la asignación de recursos y la rendición de cuentas. Solo con una legislación así –más robusta– y un control efectivo del gasto se garantizará un entorno mediático democrático, autónomo y plural.
El desafío que no puede seguir postergándose es, pues, que la publicidad oficial deje de ser una herramienta de control político y se convierta en un recurso legítimo al servicio de la información pública, en beneficio de todos los ciudadanos.
A modo de síntesis, finalizo parafraseando las ideas del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano: La publicidad oficial debe ser un espejo de la realidad, no una herramienta para crear narrativas que favorezcan a los poderosos.
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