Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- Parece una consigna del diablo: mejor muertos a que se escapen. El incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, tiene responsables. Treinta y nueve muertos y 29 heridos, varios en estado crítico.
Un alojamiento con candados es un encierro ilegal y la responsabilidad es de quien ordenó poner esos candados. Deben explicar porqué como presos y no como albergue de ayuda temporal.
En las cámaras del INM se aprecia que el guardia y los empleados del INM permanecen sin hacer nada, cuando podrían abrir los candados. Eso es negligencia criminal con miedo a quien da las órdenes.
Un vecino o transeúnte, junto con un pequeño grupo de soldados, rescataron a algunos, pero luego se extendió el incendio y ya no pudieron hacer nada.
El INM debe asumir la plena responsabilidad de esas muertes, aunque digan que se amotinaron y que ellos mismos prendieron el fuego. Dejarlos salir, abriendo los candados, era lo más sencillo pensando en salvar vidas y no la preocupación de que se escaparan.
La falta de criterio y las órdenes impartidas son la causa de esta enorme tragedia. El escándalo será de dimensión internacional. No pueden desviar la atención, el video es prueba plena del crimen cometido.
El poder de la Corte
Hay personas que han expresado en redes sociales que no es posible que la Corte, a través de un ministro, pueda suspender el Plan B y en la queja señalan que ese ministro no representa más que los legisladores. Así que empecemos por partes.
Los legisladores pueden, por sí mismos o por iniciativa del presidente, cambiar la Constitución con votación de dos tercios de las dos cámaras. También pueden cambiar las leyes por sí mismos o por iniciativa del presidente con votación de mayoría simple, cuidando que los cambios no se contrapongan con los artículos de la Constitución.
A partir de esos cambios, la Corte es el custodio de que se cumplan tanto la Constitución como las leyes.
El Plan B pretendía cambios a las leyes, con mayoría simple; pero que pasaban por encima de la Constitución, que requiere de dos tercios de la votación de ambas cámaras. De ahí que, sus guardianes (la Corte) tengan la obligación de impedirlo.
Entonces: La idea que manejan es equívoca porque el Poder Judicial es el árbitro constitucional y es el único protector de la Constitución. Cierto que tiene muchas otras tareas, pero en materia de violaciones a la Constitución o las leyes, actúan por petición de los afectados, sea por acción de inconstitucionalidad, por controversia constitucional o por la vía del amparo.
Los tres son caminos diferentes. En el caso de la primera se requieren 8 votos de los 11 ministros, en la controversia con 6 a 5 y en el amparo también mayoría simple. La Corte tiene la última palabra y son el último reducto de la defensa de la Constitución y la democracia.
En resumen: La Corte es la única instancia que puede detener a los otros dos poderes en términos de si algo es constitucional o no.