Soc. Omar Jesús Gómez Graterol.- En materia de políticas públicas es preciso comprender que lo gratis no existe. Todo conlleva costos asociados e invariablemente alguien acaba pagando por los aciertos o desaciertos que los promotores de las iniciativas gubernamentales logren. Por lo tanto, cuando alguna propuesta social alcanza el éxito, de modo directo o indirecto es ganancia para el contribuyente. No obstante, si fracasa es pérdida para el tributante pues se está realizando un inadecuado uso de los fondos que, a través de impuestos, aporta para el bienestar en conjunto de la sociedad.
Frente a este panorama, es necesario crear consciencia en los ciudadanos acerca de esta verdad que, nos atrevemos a afirmar, es indiscutible. La mayoría tiene una idea poco clara de este hecho, por lo cual muchos caen en actitudes de “lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta”. Por ello, las gestiones de interés sociocomunitarias impulsadas en suelo mexicano, con frecuencia, no consiguen cumplir sus objetivos y metas, distorsionándose sus fundamentos al intentar aplicarse.
Las jornadas asistencialistas, individuales o comunitarias, las exenciones, las subvenciones, entre otras, son estrategias que deben utilizarse con especial cuidado, raciocinio y sin improvisar, para realmente prestar auxilio a quien lo necesita y no perjudicar así ni a la economía ni a la ciudadanía. De lo contrario, las soluciones que se intenten ensayar serán parte de nuevos inconvenientes.
Uno de los errores más habituales radica en la falta de focalización de los proyectos y programas. Específicamente, en la no definición de los sectores sobre los cuales se va a implementar alguna iniciativa, así como el problema en concreto que se abordará. Por lo general, se brinda apoyo a los grupos más vulnerables y que por cualquier motivo no son capaces de valerse por sí mismos. Dentro de estos últimos se encuentran los discapacitados, ancianos y niños, aunque en ocasiones se amplían estos parámetros para atender, además, a mujeres abusadas o jóvenes en drogadicción, por ejemplo.
En el caso de las pensiones, al efectuarse asignaciones sin control, o a todo el mundo, se pone a circular ingentes cantidades de dinero en la calle que presiona el incremento del costo de la vida afectando, por consiguiente, su calidad. Es decir, hay más gente con fondos para comprar, pero al ser los artículos limitados, los precios de estos aumentan por haber más individuos compitiendo para obtenerlos. De esta forma, se origina un círculo vicioso donde el que menos posee continuará en dicha situación (si bien con la sensación de consumir) y quien tiene, sumando lo que no sería positivo otorgarle, acrecienta su capital para adquirir lo anhelado.
En cuanto a las exoneraciones excesivas e injustificadas solo causan que los bienes o servicios con los cuales la Nación quiere apoyar a sus pobladores terminen escaseando o desapareciendo. Del transporte público podemos deducir abundantes lecciones. Al habilitarse autobuses para trasladar a los usuarios, un porcentaje significativo de los beneficiados no sufragan el funcionamiento en estos y/o dichos camiones están sujetos a tarifas por debajo de sus gastos operativos. Por lo expuesto, las unidades finalizan destartaladas o paralizadas.
Por otro lado, si se suministra ayudas a personas en las etapas más productivas de su existencia, sin otra intención que la de generar simpatías ideológicas o afinidades al gobierno de turno, se corre el riesgo de fomentar una dependencia popular estatal con los extravíos que esto acarrea. La población económicamente activa tiende a volverse perezosa e indolente, esperando que aun las cosas más particulares se las resuelva el Estado. Se convierte en dependiente de sus dádivas y dejan de contribuir como fuerza laboral al circuito económico local y regional, así como nacional.
En Latinoamérica no es extraño que representes de las autoridades oficiales recurran a estas tácticas no como medios para remediar la mala distribución de la riqueza de sus países o el desigual acceso de oportunidades para todos. Más bien, lo emplean como vías de perpetuación en el poder y como apéndices de campañas de postulaciones de sus partidos o candidatos como si se tratara de su patrimonio personal.
Lo ventajoso es hacer un uso racional, eficaz, efectivo y eficiente de los recursos asistiendo de manera constante a los que no pueden arreglárselas por sí solos. Evitar el clientelismo. Incluso la opción de pedir una contraprestación simbólica a los destinatarios de las acciones sociales seria provechosa, en ciertos casos, para que los beneficiarios de estas valoren lo que se les está otorgando. Esto, por supuesto, evaluando sus capacidades o las posibilidades reales de que puedan ejecutar esta retribución.
