Diputado Benjamín Carrera.- Como se ha reconocido en más de una ocasión por quien escribe en este espacio, para fortuna de todas y todos, la participación ciudadana es un concepto en constante formación y transformación que se ha ido moldeando para satisfacer y anteponer las necesidades de las comunidades.
Teniendo su origen en la propia organización de la sociedad para hacer valer sus derechos y su pensamiento ante acciones –u omisiones– de la autoridad, el derecho a la participación se ha abierto paso, al punto de encontrarse ya plasmado en la Constitución y la legislación, tanto a nivel federal como estatal, llevándonos lejos de aquellos regímenes autoritarios que monopolizaban el poder… o eso pensamos.
Lo anterior viene a referencia porque siempre hay uno que otro funcionario que considera que los requisitos para acceder a los mecanismos de participación ciduadana quizá no son suficientes y buscan endurecerlos. Muestra de ello son los legisladores de Acción Nacional, quienes presentaron una propuesta que aplicaría para la revocación de mandato de quien ocupe la gubernatura del estado, aumentando de un 5% a un 10% el número de firmas requeridas tan solo para la solicitud, lo que se traduce a poco más de 307 mil firmas; de igual manera, buscan incorporar como requisito adicional, que estas firmas se obtengan en 35 de 67 municipios, así como que, los resultados obtenidos –para ser vinculantes– sean del 40% de la lista nominal.
Debemos decir que cualquier modificación a la alta, implica sin duda una barrera de entrada muy grande, toda vez que se exige a la ciudadanía interesada, invertir en recursos materiales y humanos pareciendo que se exige a la sociedad demostrar su capacidad organizativa, lo que aleja a la legislación de su primordial objetivo mientras que blinda a las autoridades.
Razón de ello es el rotundo desacuerdo con esta propuesta dado que, desde otra óptica, como legisladores debemos asegurar que toda reforma en materia de participación ciudadana genere y propicie las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de dicho derecho, no por ser un acto de benevolencia, sino por estricto apego al estado de derecho.
Increíble pero hay aún quien olvida que la participación ciudadana empodera a la ciudadanía a través de la inclusión en procesos participativos, no solo en el ámbito político, sino que permea al ámbito personal promoviendo el bienestar común, por lo que se vuelve fundamental ir rompiendo barreras legales en este ámbito, para de manera verdadera atender las necesidades de la comunidad muy por encima de los intereses de la administración pública.
Sin embargo, mientras persista la ambigüedad en las leyes de participación –al nivel que sean– y los requisitos para acceder a los mecanismos que la propia legislación contempla sean endurecidos, lo que pretendía ser un instrumento social, podrá ser utilizado por igual, tanto por potenciales dictadores como por gobernantes democráticos, ante leyes que finalmente son solo una simulación de democracia directa.
Es por lo anterior que, la mejor manera de asegurar que los mecanismos de participación sean de verdad dirigidos a fomentar que la comunidad se involucre, es precisamente haciendo modificaciones que los vuelvan accesibles, promoviendo su potencial, por lo que se ha presentado por quien le escribe ante el Congreso, una contrapropuesta que busca más bien, disminuir el porcentaje requerido para promover la revocación de mandato para todos los casos aplicables, buscando promover la progresividad de este derecho, para con esta propuesta demostrar que la participación, el control y el diálogo social deben ser no solo premisas, sino que merecen el debido reconocimiento como derechos ante los cuales no debe haber regresión, promoviendo condiciones de progresividad y no regresión.
