Mario Vázquez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, solicitó al Congreso de la Unión la regulación tanto de la forma como la temporalidad en que el gobierno federal deberá determinar los traslados de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios de las entidades federativas.
Dijo que el Comité Técnico debe realizar de manera permanente un diagnóstico de las personas privadas de la libertad con base en el delito y peligrosidad de que se trate.
Aseguró que lo vivido el “jueves negro” del 11 de agosto de 2022 y lo acontecido del pasado 1 de enero del año, a los legisladores de Acción Nacional “nos ha dejado en claro que es necesario realizar una reforma que busque vincular a la autoridad nacional, concretamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal y al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Indicó que se debe realizar una revisión constante y sistemática de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas.
Destacó que actualmente, según el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSPC del Gobierno Federal, correspondiente a noviembre de 2022, Chihuahua tiene 7 mil 386 espacios en diversos centros penitenciarios en el estado, pero con una población de 8 mil 901, es decir 1,151 personas más de lo disponible, lo que representa una sobrepoblación del 20.52%, destacando que de estas más de 8 mil personas recluidas, 873 corresponden al fuero federal.
Sin embargo, tratándose de los 14 centros penitenciarios federales que cuentan con espacio para 28 mil 520 personas, actualmente la ocupación es de 18 mil 855, por lo que hasta noviembre del 2022 se encontraban 9 mil 665 espacios disponibles, lo que deja claro que ningún centro penitenciario federal cuenta con sobrepoblación.
