Dr. Fernando A. Herrera M.- La política exterior mexicana ha entrado en la era de la obediencia administrada. Lejos de la retórica de soberanía o de cooperación sin subordinación que se presume en la tribuna, la realidad fronteriza muestra a un país que opera bajo los manuales de diseño dictados desde los Estados Unidos.
El despliegue masivo que se mantiene, desde las amenazas contra López Obrador, con miles de soldados, marinos y Guardia Nacional en la frontera norte, no responde a una estrategia interna de paz, sino al cumplimiento puntual de una agenda ajena impuesta bajo el amago de Trump.
Cuidar el río con un celo inédito para contener la migración y romper récords en la confiscación de fentanilo son tareas asignadas que México ejecuta con disciplina sumisa, entendiendo que el vecino del norte administra las presiones con la frialdad de quien se sabe dueño del mazo.
En este escenario, el calendario de Donald Trump de cara a las elecciones intermedias de noviembre está fríamente calculado. La maquinaria estadounidense de seguridad nacional no tiene, no ha tenido, ni tendrá piedad de nada ni de nadie.
En las semanas previas a los comicios, la Casa Blanca intensificará el discurso de mano dura y el uso de sanciones comerciales o financieras como herramientas de control inmediato. Se trata de un juego donde el rigor contra México servirá para alimentar las urnas de su electorado.
Sin embargo, se dividirá en dos tiempos implacables que son el verdadero reto estratégico para nuestro país. El primero corre de aquí al día de la votación; el segundo, infinitamente más peligroso, se activará el día después de las elecciones y se extenderá hasta el 3 de enero de 2027, cuando los nuevos legisladores asuman sus cargos.
En el hipotético caso de que el tablero político allá se recomponga y el partido en el poder pierda fuerza en las cámaras, ese limbo de fin de año se convertirá en un periodo de manos libres. Será ahí donde el aparato de seguridad de los Estados Unidos y el propio Trump operen bajo la lógica del resentimiento y el cobro de facturas políticas, sin los frenos del cálculo electoral.
Al final, la lección de planeación estratégica para México es amarga pero ineludible. Gane quien gane en las urnas o se modifiquen como se modifiquen las mayorías legislativas, la presión contra nuestro país no disminuirá. Para Washington, la contención del fentanilo y el control migratorio no son el capricho temporal de un mandatario en turno; son asuntos de seguridad nacional y políticas de Estado que trascienden.
Mientras tanto, México continuará atrapado en su papel de ejecutor obediente, marchando al ritmo de un calendario político que se dicta del otro lado de la frontera.
Lo más triste de esta subordinación es que, cuando en el norte decidan cambiar la estrategia con los mismos fines, las agencias vendrán por quienes quieran y cuando quieran. En este tablero de poder global, para la clase política mexicana corrupta, que en realidad es el estado mexicano, porque de otra manera es tan complejo que no podría funcionar. Simplemente no hay para dónde correr.
El motor indocumentado
El análisis de la interdependencia entre México y los vecinos del norte, más allá del billón de dólares de intercambio anual de mercancías, debe contemplar muchas otras actividades fundamentales para la vida económica de ese país.
La paradoja de la política estadounidense es que mientras se criminaliza la migración en el discurso, se niegan a reconocer la realidad de que su economía la necesita para seguir su dinámica.
Estados Unidos enfrenta un doble desafío que el dinero no puede resolver: la edad de su población trabajadora aumenta porcentualmente por encima de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. En consecuencia, los nacimientos ya no compensan la partida ni el retiro de sus mayores.
A la par, se ha dado un cambio drástico en las aspiraciones de las nuevas generaciones. La transformación educativa y tecnológica de las últimas décadas modificó las metas de su juventud.
Los jóvenes de hoy, testigos de las crisis económicas que asfixiaron a la generación de sus padres —quienes solo contaban con estudios de high school—, decidieron ir por más educación. Así, inundaron las universidades persiguiendo la capacitación para acceder a las industrias financiera, digital y de servicios.
El resultado es una alarmante escasez de personas dispuestas a aceptar empleos físicos y operativos. Hoy en día, las aulas universitarias están llenas, mientras falta gente que trabaje en los campos, en las obras públicas, que desempeñe los oficios de apoyo en los hogares o que conduzca los camiones indispensables para todo tipo de movilización de mercancías.
Los estadounidenses nativos no han abandonado el trabajo rudo por falta de ganas, sino porque la economía del país evolucionó hacia los servicios y exige un conocimiento especializado para acceder a esos empleos y aspirar a una mejor calidad de vida. Esta evolución, sin embargo, choca de frente con la urgencia histórica de renovar el país.
Estados Unidos se ha hecho viejo en su infraestructura básica. Sus vías de comunicación, puentes, redes ferroviarias y sistemas de transporte masivo exigen un mantenimiento crítico y renovación que requiere millones de manos. ¿Quién va a construir las obras de la nueva ley de infraestructura si no hay trabajadores?
La respuesta matemática y sociológica es: los inmigrantes. Ellos son quienes asumen el riesgo en las alturas de las construcciones y el desgaste físico que el relevo generacional estadounidense abandonó.
El problema se extiende desde todos los ángulos como la alimentación y hasta la energía. La cadena de suministro agroalimentaria estadounidense depende críticamente de la mano de obra inmigrante; les urge quien levante las cosechas y, de igual manera, conductores que manejen los camiones de carga pesada desde los campos de cultivo hasta los centros de distribución urbana.
Sin ellos, los supermercados de Texas, California o Illinois se vaciarían en cuestión de días.
Lo mismo ocurre en el sector energético, donde las tareas más complejas y rudas de la extracción de petróleo y gas siguen siendo sostenidas por trabajadores migrantes que dinamizan la autosuficiencia energética.
Al final, la geografía y la demografía dictan una sentencia irreversible. Estados Unidos tiene la urgencia de modernizarse y el dinero para hacerlo, pero México y el resto de la fuerza laboral migrante poseen la juventud y la capacidad de ejecutar el trabajo.
Intentar frenar este flujo con aranceles o muros es un suicidio logístico que paralizaría la reconstrucción de hogares y sus ciudades, además, se echarían a perder sus alimentos en los campos y apagaría, por completo, los motores de su transporte.
Cerrar los ojos ante esta realidad es el verdadero peligro. La retórica de campaña puede alimentar el debate electoral y encender las tribunas, pero los mercados y la demografía tienen sus propias leyes inflexibles.
Al final del día, la prosperidad del gigante del norte no se sostiene únicamente con dólares, sino con el esfuerzo diario de esos brazos que la política insiste en ignorar, pero que la realidad los vuelve indispensables.
El billón anual
En el análisis de fondo de las relaciones internacionales, existe una máxima que la política nunca ha podido derrotar: los datos duros y la realidad estructural de los mercados siempre terminan doblando los discursos. México no es un vecino prescindible; es el motor insustituible de la competitividad de los Estados Unidos.
Para entender cómo llegamos a este punto de fortaleza, es necesario mirar el retrovisor. La semilla de esta interdependencia se plantó en 1992 y comenzó a germinar formalmente en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En aquel entonces, la economía mexicana era una fracción de lo que es hoy, con un Producto Interno Bruto (PIB) que no alcanzaba los 400 mil millones de dólares anuales. Tres décadas de sucesivas negociaciones, modernizaciones y transiciones —hasta la evolución hacia el actual T-MEC— transformaron por completo la escala de nuestra nación, llevándola en sus mejores momentos a rozar la impresionante cifra de los dos billones de dólares.
Esta multiplicación de la economía mexicana no ocurrió de forma aislada ni a expensas del vecino del norte; se construyó mediante una fusión de procesos productivos. La idea de que un presidente estadounidense, sin importar su apellido, puede desmantelar esta relación a su antojo, choca de frente con la realidad de su mapa electoral y económico.
México es actualmente el socio comercial número uno de los Estados Unidos, con un intercambio bilateral que roza el billón de dólares (one trillion, en el sistema anglosajón). Pero el dato más demoledor es político: más de 20 estados de la Unión Americana dependen críticamente del comercio con nuestro país para mantener a flote sus economías locales, y en 12 de ellos, México es el comprador número uno.
Pensar en un bloqueo o en una ruptura arancelaria total significaría la ruina automática para gigantes económicos como el estado de Texas, que envía más de una cuarta parte de sus exportaciones industriales y energéticas a suelo mexicano. Sería también congelar de inmediato las líneas de ensamblaje en Michigan, un estado donde casi el 40% de sus ventas al exterior van dirigidas a México.
Gobernadores y legisladores de estados clave como California, Arizona y Nuevo México serían los primeros en frenar cualquier intento de aislamiento, no por simpatía hacia nuestro país, sino por la simple supervivencia de sus propios empleos y empresas locales. El comercio con México sostiene directamente a más de siete millones de trabajadores estadounidenses; destruir esa relación sería dispararse en el pie.
La razón de este blindaje radica en lo que los expertos llaman la integración de las cadenas de valor. En Norteamérica ya no se intercambian productos terminados; se fabrican los productos en conjunto. En sectores de alta tecnología, electrónicos y automotriz, un solo componente o semiconductor cruza la frontera común hasta una docena de veces antes de ser ensamblado en el producto final. Es un cuerpo único. De hecho, se calcula que entre el 60% y el 70% del contenido de las exportaciones que México envía a Estados Unidos está compuesto por insumos que fueron fabricados originalmente por obreros en estados como Ohio, Indiana o Pensilvania. Imponer un arancel ciego a México es, en realidad, ponerle un impuesto al productor y al consumidor estadounidense.
Dejando fuera a Canadá por una cuestión de proporciones, la realidad es que la geografía y la historia económica ya tomaron una decisión irreversible para la política.
Mientras México acelere su transición hacia industrias del futuro como la electromovilidad y consolide su posición estratégica, la soberanía compartida de Norteamérica seguirá siendo nuestro mejor escudo.
Los discursos de campaña van y vienen cada cuatro años, pero el billón de dólares que cruza la frontera común no es solo una cifra: es un lazo de acero que la retórica electoral jamás podrá romper. La revisión del tratado durará lo que dure Trump en la presidencia; después vendrán otras negociaciones que volverán a encarrilar todo para seguir con paso firme hacia la integración económica y, tal vez, solo tal vez, más allá.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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