Rafael Espino.- El pasado 4 de febrero se presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE). De aprobarse como se espera por la mayoría del partido oficial en ambas cámaras, abrogará y sustituirá a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), vigente desde agosto de 2014.
Esta iniciativa implementa la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética del 1 de noviembre de 2024 y le da seguimiento a la “Estrategia Nacional del Sector Eléctrico”, recientemente expuesta por el gobierno federal. Las reformas básicamente reafirman la exclusividad del Estado en sectores estratégicos como electricidad e hidrocarburos.
Relevantemente se señala que el Estado mexicano conserva la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la exclusividad en las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, dejando a los particulares la posibilidad de participar en modalidades limitadas de generación y comercialización de energía eléctrica y productos aislados.
La iniciativa de la LSE busca el desarrollo coordinado del sector energético, fomentando la colaboración entre el Estado y los particulares, para alcanzar las metas propuestas, incluyendo el objetivo principal de proveer a la población del insumo eléctrico al menor precio posible.
Pretende incentivar la participación de todos los actores del mercado eléctrico, tales como generadores, comercializadores y desarrolladores, tarea de suyo complicada en el caso de inversionistas privados, dado el cambio significativo que representa, particularmente si se compara con la apertura que se había dado tras la reforma del 2013.
Y este es precisamente el gran reto que enfrenta el gobierno federal mexicano, a través de sus autoridades energéticas: ¿logrará atraer la inversión en el sector eléctrico necesaria para con las reformas propuestas, procurar la confiabilidad, continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad? ¿Se podrá proveer a la población de electricidad al menor precio posible? ¿Se promoverá la transición energética a energías renovables y la descarbonización del sector? ¿Todo lo anterior realmente nos conducirá al fortalecimiento de nuestra soberanía y seguridad energética? Muy difícilmente.
En un contexto de fuertes limitaciones presupuestarias, dada la rigidez fiscal y las crecientes obligaciones del Estado mexicano en materia de salud y programas sociales, la participación de la inversión privada se torna fundamental para el desarrollo del sector eléctrico.
La incertidumbre jurídica y alteración de las reglas de competencia contenidas en la iniciativa de la LSE, reducen el atractivo de inversión privada. Se establecen barreras a la inversión nacional y extranjera que constituyen un verdadero desafío para que las propias autoridades logren los objetivos que la ley señala, los que sin inyección de capital se antoja muy difícil podrán alcanzarse.
Uno de estos obstáculos lo constituye, sin duda, el concepto de “prevalencia”, ya incluido en el texto constitucional. La iniciativa de la LSE lo define como el derecho preferente de la Comisión Federal de Electricidad de proporcionar al menos el 54% del total de la energía total inyectada al Sistema Eléctrico Nacional en cada año de calendario.
Una interpretación inadecuada de este concepto puede crear limitaciones al desarrollo del sector en su conjunto, para lograr proveer a la población de electricidad al menor precio posible. Esperemos en el proceso legislativo en curso, se identifiquen y revisen las inconsistencias de la iniciativa, para corregirlas en beneficio del país.
