Al medio día de este martes acudieron a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), maestras, maestros, padres de familia, y la diputada federal, Andrea Chávez, a solicitar la pronta resolución a la controversia constitucional que ha impedido la entrega de libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila.
Solicitaron a los gobernadores de estas entidades, María Eugenia Campos y Miguel Riquelme, que dejen de usar como botín político a las niñas y niños en estas entidades, y que no vulneren su derecho a la educación. Acusaron que esta decisión obedece más a temas politiqueros y económicos, que al interés superior de las infancias.
En caso particular del estado de Chihuahua, la diputada federal, Andrea Chávez, señaló que se han cometido una serie de irregularidades en torno a los cuadernillos que se han entregado para solventar la falta de libros de texto, entre los que mencionó la malversación de recursos públicos y la usurpación de funciones.
“Como ustedes saben, se han impreso algunos cuadernillos que no cuentan con las especificaciones necesarias mandatas desde el Plan Nacional de Educación, que pueden constituir una serie de delitos. El primero, la usurpación de funciones, porque la Ley General de Educación prevé que es facultad exclusiva del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación Pública elaborar, actualizar y distribuir los libros de texto gratuitos. El segundo es malversación de recursos públicos, ya que cerca de 90 millones de pesos se han ejercido en la impresión de estos cuadernillos. Y el tercero, es un posible acto constitutivo de corrupción porque la imprenta que realizó la impresión es presuntamente propiedad de un funcionario público del gobierno del estado”, denunció la diputada federal.
Las y los maestros indicaron que llevan más de 40 días sin material de apoyo para trabajar en las aulas. Y que contrario a lo que señalan, se han preparado más de un año en los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana.
Con la frase “Libros sí, caprichos no”, los asistentes entregaron cinco cajas con más de 100 mil firmas del magisterio y padres de familia de ambos estados, con las que respaldan la solicitud a la SCJN para que se permita la distribución de libros de texto.