Nicolás Maduro realizó este miércoles un nuevo ejercicio de diplomacia bolivariana, al decretar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas y al ordenar a su contralor que procediera a la inhabilitación durante 15 años del líder opositor Juan Guaidó y de 27 diputados de la Asamblea Nacional (AN) legítima de 2015.
El “hijo de Chávez” redondeó su provocación contra Bruselas al entregar notas de protestas a los diplomáticos que encabezan las embajadas de Francia, Alemania, Países Bajos y España, quien cuenta con Juan Fernández Trigo, ex embajador en Cuba, como encargado de Negocios.
El canciller chavista, Jorge Arreaza, aplicó todo el boato revolucionario en la entrega de los cartas de amonestación a lo cincos diplomáticos, incluso enfatizó su tono de regaño contra la embajadora europea, la portuguesa Isabel Brilhante, quien acogió su expulsión con un pesar evidente. “Son bombas atómicas lo que lanzan contra Venezuela, que se defiende con dignidad y toma una decisión soberana”, señaló Arreaza, quien también pontificó a cada uno de los diplomáticos, además de entregarles un ejemplar de la Constitución bolivariana y una carta de Naciones Unidas.
De esta forma, el gobierno revolucionario tardó sólo 48 horas en decretar la expulsión de la embajadora de la UE, que cuenta con 72 horas para abandonar el país, un camino que emprendieron en su día otros embajadores, como el español Jesús Silva, el alemán o el británico. De hecho Silva fue expulsado durante tres meses en 2018 tras las primeras sanciones europeas contra dirigentes chavistas, que provocaron la reacción iracunda de Diosdado Cabello, número 2 de la revolución.
La UE lamentó “profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión”. En junio del año pasado, Maduro también ordenó la expulsión de Brilhante, pero rectificó tras amenazar Bruselas con medidas retroactivas.
“Nos solidarizamos con la embajadora europea, quien siempre ha demostrado a favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela en nombre de Europa. La soberbia del dictador lo aísla más del mundo y pretender arrastrar al país con él”, reaccionó Guaidó.
De esta forma, Maduro atendió el exhorto realizado el martes por la Asamblea Nacional (AN) surgida de las elecciones fraudulentas de diciembre, una forma de “empoderar” a un cuerpo legislativo desconocido por las democracias occidentales y la mayoría de los países de la región.
Los diputados de la revolución fueron más allá en su reclamo y también solicitaron que se reconsiderase la existencia de la oficina de la UE en Caracas. El cierre de estas oficinas amenazaría directamente a los programas de ayuda humanitaria que se desarrollan bajo supervisión europea en medio de la pandemia y de la crisis humanitaria que sufre Venezuela.
“¡Mis dos manos levanto para que se declare persona no grata a la representante de la UE!”, arengó Jorge Rodríguez, el presidente de la AN chavista, integrada por 256 parlamentarios revolucionarios, uno del Partido Comunista y 20 de la oposición a la medida fabricada por el régimen.
SANCIONES DE LA UE
Los diputados chavistas “repudiaron” así las nuevas sanciones contra dirigentes bolivarianos, incluidos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), militares y policías. Entre las medidas tomadas contra todos los sancionados se encuentra la prohibición de viajar al territorio europeo, así como la congelación de activos.
A los nuevos sancionados se les acusa de “socavar los derechos electorales de las oposicionesy el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y de graves violaciones de derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”.
Con ellos son 55 los sancionados por la UE. En esta tanda destaca el comandante Remigio Ceballos, número dos del Ejército y pieza clave entre los militares que sostienen a Maduro. Junto a él aparecen tres generales de división y de brigada, al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y dos jefes de la policía, incluido el director de las temidas Fuerzas Especiales (FAES), consideradas “batallones de exterminio” por Naciones Unidas.
La UE ha cargado en esta ocasión con especial énfasis contra los jueces del Tribunal Supremo y contra los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), los órganos revolucionarios que persiguen a la oposición y que también llevaron a cabo el fraude de las elecciones parlamentarias de diciembre.
El nuevo rifirrafe diplomático coincide con la inhabilitación de dirigentes opositores, y no es casualidad. Elvis Amoroso, contralor de la República y que forma parte del círculo personal del “presidente pueblo”, adujo en su dictamen que ninguno de los inhabilitados presentó la declaración jurada de patrimonio.
“Son estas acciones de la dictadura las que cierran la puerta a unas elecciones libres, nuestra lucha es por recuperarlas”, clamó Guaidó, que ya fue inhabilitado en 2019 a las pocas semanas de lanzar su desafío contra el régimen chavista.
Entre los inhabilitados en esta ocasión están dirigentes de mucho peso en la unidad democrática, tanto exiliados en el extranjero como del círculo más próximo de Guaidó en Caracas. A la cabeza el “canciller” Julio Borges, los hermanos Juan Pablo y Tomás Guanipa (vicepresidente de la AN y embajador en Colombia), Freddy Guevara (ex vicepresidente parlamentario) y Carlos Paparoni, premiado el martes por el gobierno estadounidense por su lucha contra la corrupción chavista.
