Dr. Omar Bazán Flores.- La Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) se presentó como un hito en la modernización normativa de México, al sustituir a la antigua Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Este nuevo marco legal pretendía la armonización con las prácticas del comercio internacional y atiende la necesidad de establecer procesos más ordenados, estándares más elevados para fortalecer la competitividad del país, pero ha quedado a deber.
Su historia está vinculada directamente a la transformación que trajo la apertura comercial desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que obligó a México a adoptar estándares globales y a garantizar que sus productos cumplieran reglas técnicas compatibles con lo que exigían sus principales socios comerciales.
La LIC es, en ese sentido, la evolución de décadas de ajustes regulatorios orientados a reducir barreras técnicas, profesionalizar la certificación y dar mayor certeza a los procesos productivos nacionales. Sin embargo, la importancia de esta ley no se limita a la integración de México con el exterior: también ordena las estructuras internas que permiten que la calidad sea una práctica transversal y no un acto aislado.
La ley establece objetivos esenciales, como promover la concurrencia de los sectores público, social y privado en la elaboración y seguimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares; crear mecanismos de coordinación entre autoridades normalizadoras, organismos de acreditación, laboratorios, entidades locales y sectores productivos; propiciar la innovación tecnológica en bienes, productos y servicios; e impulsar infraestructura física y digital que permita una evaluación de la conformidad más eficiente y reconocida internacionalmente, así se lee en su exposición de motivos.
El cúmulo de elementos muestran que la LIC quiere fortalecer las capacidades internas que determinan la calidad de lo que México produce, consume y exporta. A pesar de estos avances, uno de los grandes retos es la falta de socialización de la ley, es conocida por pocos sectores. Se dice que tiene un lenguaje técnico.
El periódico Expansión coincide que esta ley, en esencia, se redactó buscando un sistema normativo robusto que diera certeza a las empresas y –al mismo tiempo– impulsara el desarrollo económico, mediante la modernización de procesos de normalización, acreditación y evaluación de la conformidad; sin embargo, se ha convertido en un marco con mucho potencial, pero con efectos limitados, generando incertidumbre para empresas, autoridades y consumidores.
Además, su limitada difusión ha impedido que la ciudadanía, e incluso muchos sectores productivos, comprendan su importancia y las oportunidades que ofrece.
Para que la LIC alcance su potencial, es necesario que más mexicanos conozcan sus principios, entiendan el valor de la normalización y participen en la construcción de estándares que favorezcan la innovación, la seguridad y la competitividad.
En nuestros días, es fundamental apropiarnos de los procesos de calidad y no verlos como un simple trámite, para que en México se convierta en una práctica compartida, interiorizada y asumida como parte del desarrollo nacional, esto para que cumpla con la función de fortalecer a México desde dentro y posicionarlo con mayor fuerza en el escenario internacional, principalmente hoy donde los aranceles y las amenazas externas persisten.
